El incremento de los combustibles en Colombia no solo enciende los motores de los vehículos: aviva, una vez más, el fuego de la desigualdad. Lo que hace poco parecía una tregua —entre alzas salariales y anuncios de estabilización en los precios de la gasolina— hoy se revela como un espejismo preelectoral que se desvanece frente a la dura realidad económica del país.
El golpe no es aislado. Es un efecto dominó que termina impactando de lleno la canasta familiar. Cada aumento en los combustibles se traduce en transporte más costoso, alimentos más caros y servicios básicos que se vuelven cada vez más inaccesibles. La inflación, lejos de ceder, sigue haciendo estragos, y como siempre, los más afectados son los que menos tienen.
En regiones como La Guajira, esta situación adquiere tintes aún más dramáticos. Aquí, donde los índices de pobreza avanzan con rapidez alarmante y las oportunidades laborales escasean, cada alza es un golpe directo a la ya debilitada economía de miles de familias. No se trata solo de números en una tabla macroeconómica: se trata de hogares que deben decidir entre comer o transportarse, entre pagar un servicio o sobrevivir un día más.
En este Departamento donde el transporte de pasajeros y alimentos se presta de manera informal, el golpe es más violento. Cuando bajó la gasolina, los taxistas y mototaxistas siguieron cobrando las tarifas elevadas. Ahora, sube la gasolina, y ellos, sin ruborizarse, también aumentaron. Lo mismo pasa con los productos de la canasta familiar, las facturas de servicios públicos. Nada de lo que sube, baja.
La desconexión entre las decisiones del nivel central y la realidad de las regiones es cada vez más evidente. Mientras en los discursos se habla de equidad y justicia social, en la práctica las medidas terminan profundizando las brechas. El incremento de los combustibles, sin estrategias claras de compensación para los sectores más vulnerables, se convierte en una carga insoportable para territorios históricamente olvidados.
Es momento de preguntarse: ¿quién está pagando realmente el costo de estas decisiones? Porque no son los grandes capitales ni las élites urbanas las que sienten el peso inmediato. Son los mototaxistas, los pequeños comerciantes, los campesinos, las madres cabeza de hogar. Son ellos quienes, día tras día, cargan con el verdadero precio de una política económica que parece no mirar hacia la periferia.
Si el país aspira a una verdadera transformación social, no puede seguir tomando decisiones que castigan a los más pobres. La estabilidad fiscal no puede construirse sobre el sacrificio permanente de quienes ya viven al límite. Porque cuando el combustible sube, lo que realmente se dispara no es solo el precio: es la desesperanza.