En la mesa de diálogo interinstitucional que lideró la Contraloría General en la ciudad de Riohacha, se ventiló una vez más los proyectos de energía eólica que se están montando en el departamento de La Guajira.
Se escucharon las voces de las instituciones, pero no las de las comunidades, muchas de las cuales no están muy convencidas de las bondades de los proyectos.
En el encuentro, el contralor general en calidad de encargado Carlos Mario Zuluaga, solicitó al Gobierno nacional que promueva un marco regulatorio transitorio excepcional que les permita a los proyectos de generación que se encuentren listos conectarse al sistema.
Al tiempo, quedó claro que algunos de los proyectos no han podido conectarse porque les falta algún trámite como la licencia, y para obtenerla es indispensable que se adelante oportunamente la consulta previa a las comunidades, actividad que sin el apoyo del Gobierno es difícil que los particulares puedan llevarla a cabo en términos razonables.
El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, fue más directo. “No puede ser que en el Gobierno que ha propiciado con mucha fuerza y voluntad la transición energética y se están yendo los empresarios de otros países por temas de manejos con las comunidades o manejos con el relacionamiento institucional, o por temas de las licencias ambientales, se esté espantando la inversión extranjera”.
La puesta en marcha de los proyectos de energías limpias colocó nuevamente en la mesa el tema de la transición energética justa que se promueve desde el Gobierno nacional y los locales.
Para el gobernador Jairo Aguilar, una verdadera transición energética tiene que ser justa en la medida que lo que se pida y se haga beneficie a las comunidades, y allí es donde realmente se tiene que seguir trabajando para lograr ese beneficio para quienes entregan su territorio para el montaje de las gigantes torres.
El llamado es a seguir insistiendo en ese diálogo genuino de las comunidades con las empresas de manera directa sin ningún tipo de intermediarios, en donde se respete el marco legal de la consulta previa.
Es importante también que se respete aquellas decisiones en donde las comunidades se oponen al montaje de los proyectos en su territorio.