La situación de vulnerabilidad en que se encuentran los niños en La Guajira, debe seguir llamando la atención de las autoridades para definir estrategias serias que permitan su protección de manera inmediata y permanente.
Las primeras informaciones que se manejaron a través de los medios locales y que después fue referente para empresas de comunicaciones a nivel nacional, fueron los casos de cientos de menores, la mayoría de ellos indígenas wayuú, muertos por factores asociados a la desnutrición, lo que generó en su momento toda una movilización de funcionarios del Gobierno nacional con el propósito de definir acciones conjuntas para ponerle freno a tamaño problema.
Hoy, la fotografía tiene que ver con cientos de niños, la mayoría de familias que llegaron de Venezuela en busca de comida y trabajo, que para sobrevivir llegan hasta los basureros para agarrar un poco de alimentos, lo que generó el desplazamiento de la directora General de Bienestar Familiar, Juliana Pungiluppi, en busca de una salida al tema.
Si bien es importante la movilización de los funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar desde la ciudad de Bogotá a La Guajira, para abordar la denuncia de los niños en estado de mendicidad en busca de una solución inmediata, se debe ir más allá porque se trata de muchos padres de familia que lamentablemente por falta de un trabajo digno no tienen como proteger a sus menores.
Un drama que marca a todo un departamento, que sigue envuelto en una aguda crisis institucional, social y económica que se refleja en esas miles de familias en estado de pobreza extrema.
Los niños son el presente y el futuro de una región, y en este caso es absolutamente necesario que las acciones que se definan no solo sea por el momento, sino que transciendan en el tiempo con el suficiente soporte para garantizar el bienestar a una población vulnerable.
