Ninguno de los plazos previstos para adjudicar, construir y terminar la nueva cárcel de Riohacha, se han cumplido dentro de los tiempos previstos. Desde sus inicios, la obra ha tenido problemas. Primero las tutelas y los desacatos, que incluso estuvieron a punto de llevar a ministros y directores del Inpec a ir a la cárcel por incumplir órdenes judiciales.
Es una verdadera avalancha de incumplimientos que se encadenaron a los reclamos de las comunidades indígenas de la calle 40, que exigen derechos sobre tenencia de tierra, daños colaterales por inundaciones, en fin, la obra ha sufrido retrasos ostensibles e inconcebibles, en momentos en que La Guajira vive una crisis carcelaria, que ha obligado a utilizar las estaciones de policía para frenar el hacinamiento del viejo penal judicial de la calle 10.
La última protesta de las comunidades indígenas, frenó los trabajos por más de un mes. Los contratistas estuvieron a punto de cancelar el proyecto.
Recordemos que la firma del contrato 276 se celebró el 22 de junio del 2020. Cinco años después, la obra no se ha podido entregar por parte del adjudicatario del proyecto, el Consorcio ERON La Guajira, conformado por partes iguales por las empresas Varela Fiholl y Compañía SAS y A Construir S.A. por el valor de $181.957.017.859, cuyo plazo de ejecución fue de 16 meses.
Los trabajos se han reiniciado, pero ahora se presenta otro problema. Desde Bogotá se pretende que el nuevo penal con capacidad para 1.760 reclusos, reciba prisioneros de otras regiones.
Es bueno recordar que la nueva cárcel de Riohacha, que se erige sobre la calle 40, detrás del aeropuerto Almirante Padilla, será un centro de mediana y baja seguridad, que contará con pabellones especiales con enfoque diferencial para indígenas y mujeres, un centro de encuentro para las comunidades étnicas, concebido con los parámetros de socialización que les permitirá redimir la pena y adquirir habilidades para su reintegro a la vida cotidiana.
Bajo esos esquemas, no se puede seguir manejando la propuesta que fue discutida este fin de semana en Riohacha, con altos funcionarios del Ministerio de Justicia, el Inpec, el Gobierno nacional y el gobernador de La Guajira.
Es lógico pensar, que las autoridades guajiras, se opongan a este intento. En este territorio, las estaciones de policía vienen siendo utilizadas para recluir internos no sumariados, pero que revisten peligrosidad. Gran parte de los miembros de la policía deben ser utilizados para velar por la seguridad de estas personas.
El mayor problema que se presenta es que, se carece de recursos para seguir suministrando alimentación a los internos. Los recursos solo alcanzan hasta el próximo mes de junio. ¿Cómo pensar en dejar esa carga a los municipios y el departamento?
