Mientras el Gobierno nacional sigue impulsando y apoyando el montaje de 16 parques eólicos en territorio de La Guajira, habitado por cientos de familias wayuú, las grandes empresas pasan por encima porque no cumplen a cabalidad con los pasos de la consulta previa.
Y es que es muy fácil llegar a negociar de manera independiente, aprovechando las necesidades de esas comunidades que además de no gozar de buena calidad de vida ahora tendrán que convivir con unas gigantes torres que afectan el paisaje, el medio ambiente, y les cambia de alguna manera la existencia.
Las alertas llegan desde diferentes organizaciones no gubernamentales, y de líderes wayuú como José Silva, quien muestra su desacuerdo por la forma como se adelantan las concertaciones y lo que le ha valido una serie de amenazas.
El dirigente expresó que desde la organización que representa, han interpuesto las denuncias a las autoridades competentes en contra de diferentes empresas que no han cumplido a cabalidad con la realización de la consulta previa, para poner en marcha los proyectos de energía eólica.
Recalcó que de acuerdo con los estudios y el acompañamiento como ONG a distintas comunidades, de las diez mil consultas que se han realizado solo tres cumplen los parámetros legales de acuerdo con lo establecido en el convenio 169 de la OIT. “Es decir todas esas consultas que hay en territorio son fraudulentas”, puntualizó.
Precisó que las consultas deben cumplir con cuatro etapas: apertura y preconsulta, talleres de identificación de impactos y medidas, de preacuerdo y acuerdo.
“Esos pasos no se cumplen, se aprovechan de la necesidad del pueblo wayuú, tenemos casos de algunas consultas en las que el Ministerio del Interior no está presente, tenemos prueba de ello y por eso decimos que son fraudulentas”, agregó.
Dijo, además, que se aprovechan de la autonomía que goza cada comunidad territorial.
“Qué va a pasar aquí, que se van a levantar los proyectos, vamos a ver pasar la luz y las comunidades indígenas cada vez más pobres, sin oportunidad de nada porque ya los han comprado con bolsa de comida, con carrotanques de agua”, precisó.
La situación es tan compleja, que la propia Procuraduría General de La Nación, fundamentada en un escrito de los tres procuradores judiciales de La Guajira, mostró su preocupación porque con el montaje de los proyectos se estaría violentando una serie de derechos colectivos de las comunidades que tienen que ver con la defensa del patrimonio cultural de la nación, como también el de gozar de un ambiente sano.
El Ministerio Público, puntualiza sobre otros derechos vulnerados como el de la moralidad administrativa, la participación colectiva, consulta previa y consentimiento libre, previo e informado de las comunidades wayuú y tribales que se encuentran dentro del área de influencia de los proyectos de energía eólica.
La petición en su momento, al Ministerio del Interior, de Minas y Energía, y a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales fue que suspendieran el montaje de los proyectos, con el objeto de organizar unas mesas de concertación con la comunidad para lograr un trato justo pactando las compensaciones que fueran necesarias.
En una visita al puerto multipropósito de Dibulla, adonde llegan las torres y turbinas de los parques eólicos, el viceministro de Energía, Miguel Lotero, aseguró que el departamento de La Guajira será el epicentro de las energías renovables en el país, donde se construirán 16 parques eólicos, y en donde se invertirán $10 billones y la generación de aproximadamente 11.000 empleos. “El desarrollo de estos proyectos aportará a la reactivación sostenible de Colombia y a la diversificación de la matriz energética”, enfatizó.
Indepaz
Una investigación de Indepaz, desarrollada por Joanna Barney, y publicada en el mes de abril del 2020, titulada ‘La Guajira, entre un nuevo aire o un desastre’, panorama actual de la violencia con la llegada de las empresas energéticas al territorio wayuú, indica que la mayoría de las comunidades que tendrán de vecinos a los aerogeneradores se quejan de consultas previas amañadas y de tratos injustos por parte de estas. Por supuesto el anverso de la situación son comunidades que anhelan la ayuda que las empresas prometen con sus proyectos.
“Y es que es esta ambigüedad, la que está trayendo el clima hostil al interior de las comunidades. Esto no tiene nada de nuevo, ni tiene que ver con la forma como se comporta esta etnia, los ejercicios de fraccionamiento de comunidades han sido desde siempre una forma usada por las empresas para agilizar las consultas, interlocutando solo con aquellos líderes que les son afines”.
Se indica en la investigación, que los conflictos derivados de ese fraccionamiento artificial llevan más muertos que los que se reportan por las autoridades, esto es así, porque los conflictos interétnicos se están confundiendo con riñas familiares y se disuelven en el gran paraguas de la delincuencia común. Pero nada de común se respira en estos últimos meses en las rancherías.
Los negocios en los cuales se engaña a la gente con protocolos de “compensaciones” que solo reponen a medias algunos daños materiales y morales pero que no pagan la totalidad de los daños ambientales, culturales, de la vida en relación y menos lo otro, es decir el uso del suelo, servidumbres, participación en beneficios, bonos de carbón.
Afirman, además, que las empresas, bien sea las encargadas del fortalecimiento del anillo energético ya existente, o de la línea de evacuación llamada la Colectora o directamente las encargadas de desarrollar los parques eólicos, han negociado sin hacer una juiciosa investigación de costo-beneficio para las comunidades y se está ahondando en viejas discusiones sobre los reales dueños del territorio. El Gobierno se alinea con las empresas y las tranquiliza prometiendo limpiar a posteriori las trampas efectuadas durante las consultas y legalizar después los huecos legales de las mismas.
