Ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, el abogado guajiro José Manuel Abuchaibe Escolar, en calidad de ciudadano colombiano denunció al presidente de la República, Gustavo Petro, por presunta violación de los topes o límites de gastos durante la campaña electoral 2022.
Copia de las pruebas y la misma denuncia fueron también elevadas al Consejo Nacional Electoral, y al parecer, todo se encuentra soportado en los hallazgos de una auditoría que por ley, el mismo CNE hace a todas las cuentas de los candidatos.
De acuerdo con lo argumentado por el jurista denunciante, estos hechos son considerados una violación de la Constitución y deben ser investigados y llevados a juicio.
Al parecer, la firma colombiana Nexia Montes & Asociados, la cual le puso la lupa a las cuentas del entonces candidato y hoy presidente de Colombia, encontró otras irregularidades, que supuestamente habrían modificado una factura para evitar volarse los topes de financiación.
En sus consideraciones, Abuchaibe Escolar considera lo siguiente en su demanda:
Violación de los topes o límites de gastos en la campaña electoral de Gustavo Petro a la Presidencia. El establecimiento de los límites de gastos de las campañas electorales abarca la elección presidencial. Es decir, Petro no está exonerado de cumplir con la norma constitucional (Artículo 109).
De acuerdo con la ley, los responsables para todos los efectos son el presidente Gustavo Petro, la vicepresidenta Francia Márquez y el gerente de la campaña Ricardo Roa.
Las normas establecen que, si se comprueban las violaciones a la ley electoral, el presidente y la vicepresidenta podrían ser removidos de sus cargos.
A estas irregularidades se suman pagos a empresas por más de $450 millones que (reveló la auditoría) se registraron en la Cámara de Comercio de Bucaramanga y Piedecuesta, Santander, solo después de hechos los negocios. Es decir, al momento de hacer los pagos no existían formalmente.
En medio de las transacciones se evidenció, además, que algunas de las facturas expedidas no fueron electrónicas (pese a ser su obligación) o que no se discriminó el IVA
En materia publicitaria, frente en el que Petro más gastó recursos (más de $19.500 millones solo en primera vuelta) el informe indicó que hay incertidumbre por un contrato y los sitios donde fueron instaladas vallas por las que se pagaron más de $178 millones.
Además, que el contratista José Orlando Riveros, que proporcionó publicidad para Petro por $1.446 millones –y que había tenido contratos en su Alcaldía– no presentó información financiera de 2020, 2021 y 2022.
“Existe un patrón histórico de omisión de juicio político como herramienta de control o atribución de responsabilidad política a los líderes del Ejecutivo. El Congreso no ha investigado ni iniciado ningún juicio de este tipo, aun teniendo las pruebas suficientes para hacerlo. Ha omitido tal herramienta para juzgar a los presidentes, y esta omisión se ha convertido en un patrón histórico”, asevera el abogado José Manuel Abuchaibe.
Sostiene que “con un fuero político presidencial intocable, a la Corte Suprema de Justicia le ha quedado imposible indagar en detalle la participación o responsabilidad de los presidentes en los hechos de los que se les ha acusado”.
Esta es la denuncia presentada
