Una advertencia a acatar la suspensión de tres meses impuesta de manera preventiva en favor de la comunidad, hizo la procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, al alcalde de Riohacha, José Ramiro Bermúdez Cotes.
La jefe del Ministerio Público respondió al mandatario riohachero, quien anunció este jueves 27 de julio, que cumplido con el tiempo de suspensión se reintegra a sus funciones como alcalde electo del Distrito de Riohacha.
No obstante, la procuradora Cabello Blanco le recordó que fue apartado preventivamente de sus funciones durante 3 meses que ya culminaron, tiempo que fue prorrogado por otros tres meses más, “para proteger el patrimonio público de Riohacha frente a la presunta actuación indebida en la contratación del diseño, rehabilitación, construcción y mantenimiento de la red de acueducto y alcantarillado de la ciudad”.
“El alcalde de Riohacha no se puede equivocar, porque con la carta del presidente de la República el alcalde cree y así lo dijo en un video, que se va a reincorporar al cargo. Si se integra al cargo y está suspendido se expone seriamente, expone su responsabilidad penal y su responsabilidad disciplinaria», advirtió la procuradora.
La carta a la que hace alusión tiene que ver con la enviada por el presidente de la República, Gustavo Petro, en la que se niega a elegir una terna para la Alcaldía de Riohacha, reiterando que la suspensión de personas electas a través de voto popular, va en contra de la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José ratificado por el Gobierno Colombiano.
“Se consumaría la violación de los derechos humanos políticos del electo popularmente, implicando un serio riesgo a la responsabilidad internacional del Estado”, argumentó el presidente Petro. Y cita la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
En tal sentido, la procuradora rechazó la actitud del presidente Petro, alertando que “está promoviendo la impunidad y debilitando la lucha contra la corrupción al no acatar las decisiones de la justicia colombiana”.
“El presidente está generando ingobernabilidad y caos, nosotros en aras del principio de la colaboración armónica, le pedimos al presidente que nombre el reemplazo del alcalde de Riohacha, al no cumplir esto, la Alcaldía nombró un alcalde encargado”, aclaró, al tiempo que expresó su preocupación por el mensaje que esta postura envía a otros funcionarios sancionados, quienes podrían desconocer las decisiones de la justicia con base en la carta del presidente.
“La Procuraduría seguirá cumpliendo con su función. El presidente Petro está generando un caos frente a la democracia y el Estado de Derecho en Colombia”, indicó.
Reiteró que la Procuraduría sí puede sancionar funcionarios electos popularmente y en caso de que por medio de una asamblea nacional constituyente se le quite esa facultad, como funcionaria pública le toca acatarla.
“Yo creo que el choque de trenes no es conmigo, yo estoy acatando lo que dijo la Corte Constitucional. Lo preocupante para la democracia en este momento electoral es que el presidente diga que va a acatar es la decisión de la Corte Interamericana y no el análisis que hizo la Corte Constitucional en su dirección”, señaló.
Recordó la procuradora que el Consejo de Estado no ha tomado una decisión en tal sentido: “Hay unas decisiones aisladas de un magistrado que aplicó la excepción de inconstitucionalidad frente a una sentencia de constitucionalidad”.
Hay un vacío
Sobre el controversial concepto, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, respaldó la postura del presidente Petro, enfatizando que existe un “vacío” jurídico.
“Una sentencia del Consejo de Estado señala que la Procuraduría no es juez, y, por lo tanto, no puede suspender, sustituir o inhabilitar a un funcionario elegido democráticamente. Pero, en esa sentencia, el propio Consejo tampoco satisface el estándar de la Corte IDH. Somos conscientes que hay un problema jurídico”, aclaró el ministro Osuna.
Aseguró que desde el Gobierno nacional están trabajando en un proyecto de reforma normativa para tramitar en el Congreso y con el fin de solucionar este vacío.
Aclaró que el primer mandatario había acatado la Corte Constitucional al tomar esta decisión y que esto no debería producir este choque de trenes, pues no se trata de un tema personal.
“Me parece inaceptable que diga que acá hay un interés personal del presidente, no es cierto. De ninguna manera, el presidente tiene intereses con el alcalde de Riohacha. No es aceptable que esto haya creado un caos”, aseguró Osuna.
