El abogado José Manuel Abuchaibe Escolar presentó denuncia contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, para que se le investigue y sancione por presunta violación de los topes o límites de gastos en la campaña electoral a la Presidencia, y así se restablezca la confianza en las normas jurídicas constitucionales y legales.
Al exponer los hechos, dice el jurista guajiro que “observaremos un obrar antijurídico del aquí denunciado, un ánimo de lesionar las instituciones, así como su régimen funcional, y el de ofender la credibilidad y el buen nombre de la figura presidencial”.
Sostuvo que le corresponde a la Comisión de Acusaciones o en su defecto a la Plenaria de la Cámara de Representantes, determinar si, en el caso en concreto, evidentemente el señor presidente de la República pudo haber incurrido en actuaciones irregulares y si ello comporta alguna vulneración al ordenamiento constitucional y legal.
Indica que “en las líneas que siguen explicaremos por qué, en el caso puntual del presidente Gustavo Petro, estos hechos configuran una infracción a la Constitución, y por consiguiente deben ser investigados y sancionados de forma severa en armonía con nuestro marco constitucional vigente”.
Señala que el establecimiento de los límites de gastos de las campañas electorales abarca la elección presidencial. O sea, Petro no está exonerado de cumplir con la norma constitucional (Articulo 109).
De acuerdo con la ley, los responsables para todos los efectos son el presidente Gustavo Petro, la vicepresidenta Francia Márquez y el gerente de la campaña, Ricardo Roa. Las normas establecen que, si se comprueban las violaciones a la ley electoral, el presidente y la vicepresidenta podrían ser removidos de sus cargos.
“En este punto, veremos, si el Congreso fortalece nuestra democracia al investigar y sancionar al presidente Petro por haber sobrepasado los límites de gastos en su campaña presidencial. De no hacerlo, muchos podrán aspirar en el futuro sin límites de gastos y esperando al final una simple multa como sanción administrativa del Consejo Nacional Electoral”, expresa el abogado José Manuel Abuchaibe.
Apunta que “es un hecho notorio y público que el Consejo Nacional Electoral encontró graves irregularidades en las cuentas de la campaña que llevaron a la Presidencia al actual mandatario”.
Expone que detrás de los hallazgos se encuentra una auditoría que, por ley, el CNE hace a las cuentas de todos los candidatos.
En el caso de Petro, un grupo de contadores de la firma colombiana Nexia Montes & Asociados, le puso lupa a sus cuentas y encontró, entre otras presuntas irregularidades, que habrían modificado una factura para evitar volarse los topes de financiación.
A estas irregularidades se suman pagos a empresas por más de $450 millones que –reveló la auditoría– se registraron en la Cámara de Comercio de Bucaramanga y Piedecuesta (Santander) solo después de hechos los negocios. Es decir, al momento de hacer los pagos no existían formalmente.
En medio de las transacciones se evidenció, además, que algunas de las facturas expedidas no fueron electrónicas (pese a ser su obligación) o que no se discriminó el IVA.
En materia publicitaria, frente en el que Petro gastó más de $19.500 millones solo en primera vuelta, el informe indicó que hay incertidumbre por un contrato y los sitios donde fueron instaladas vallas por las que se pagaron más de $178 millones.
Además, que el contratista José Orlando Riveros, que proporcionó publicidad para Petro por $1.446 millones –y que había tenido contratos en su Alcaldía– no presentó información financiera de 2020, 2021 y 2022.
“El solo pensar en la reversión de una factura de una empresa de seguridad que trató de salvar a la campaña del hoy presidente de volarse los topes de financiación, nos resulta claro que hay evidentes infracciones penales como falsedad en documento y fraude procesal”, concluye el abogado Abuchaibe.
