Este viernes, 2 de junio, el jugador antioqueño Sebastián Villa fue condenado a dos años y un mes de prisión no efectiva, por el delito de violencia de género contra su expareja Daniela Cortés, hecho denunciado en el año 2020.
Si bien el jugador colombiano tendrá que cumplir con ciertos requisitos frente a la justicia argentina, podrá ejercer su profesión sin restricción alguna ya sea con su actual equipo Boca Juniors o el club que desee contar con sus servicios en la Liga local.
Sin embargo, los problemas judiciales del antioqueño no terminan ahí. El futbolista de 27 años tiene otra denuncia en su contra, que data del 2021, por acceso carnal e intento de homicidio.
El caso ocurrió el 26 de junio, cuando, conforme al relato de Tamara Doldán en un escrito de 11 páginas, Villa en estado de embriaguez, “comenzó a abusarme, propinándome algunos golpes, y tapándome la boca con su mano”.
De igual forma, el abogado de la joven, Roberto Castillo, agregó ante los medios de comunicación argentinos: “La denunciante llegó al estudio por abuso sexual y lesiones graves. Hay cientos de pruebas que tiene mi clienta (…) Villa y su entorno quisieron comprar su silencio”. Por ahora, la fiscal del caso solicitó la elevación a juicio y se espera la respuesta.
La pena que le endilgó la Justicia fue de dos años y un mes de prisión en suspenso, es decir, podrá cumplirla en libertad siempre que se ajuste a ciertas normas que le impondrán. En este contexto, surge el interrogante de sí en algún momento el futbolista irá a la cárcel.
Para que tenga arresto efectivo, el colombiano debería irrespetar algunas de las condiciones con las que mantendrá libertad. Por ejemplo, acercarse a su ex o a la familia de ella o cometer más delitos durante este tiempo.
En el caso de que el delantero esté en regla y conserve el beneficio de la condicionalidad, su libertad la pondrá otra vez en riesgo cuando llegue a ser juzgado por la violación a la mujer que lo tiene como imputado.
En caso de hallarlo culpable, el deportista podría enfrentar una pena entre 6 a 15 años de prisión.
De todas maneras, para esto falta un tiempo, ya que la Fiscalía recientemente hizo la elevación a debate y el Juzgado de Garantías interviniente tiene el plazo de 15 días para correr vista a la defensa y definir si da lugar a la petición.
