El exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, fue inhabilitado para ejercer cargos públicos durante 13 años por la Procuraduría General de la Nación. El exmandatario recibió esta sanción por recibir dinero para mantener a un contratista como prestador de servicios de salud para pacientes con hemofilia.
El Ministerio Público encontró a Lyons responsable de haber recibido la suma de $4.000 millones de pesos de parte del gerente de la IPS Unidos por su Bienestar S.A.S, y apropiarse del 50% de dicha cantidad para que este contratista siguiera prestando servicios médicos asistenciales para pacientes con hemofilia, en los años 2013 y 2015.
Para la Procuraduría, el exgobernador era consciente de que estaba usando su cargo para recibir dádivas a su favor y favorecer a terceros mediante ese proceder.
De acuerdo al ente de control «con su actuar, el exgobernador vulneró los principios que rigen la función pública, omitió la responsabilidad que tenía de salvaguardar la función administrativa que debe estar dirigida al servicio de los intereses de la comunidad, y no garantizó la transparencia, economía y eficacia que debe tener la contratación pública».
