La Procuraduría General de la Nación ordenó la apertura de una indagación previa por presuntas fallas en contratos del Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP) suscritos en 2023…
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La Procuraduría General de la Nación ordenó la apertura de una indagación previa por presuntas fallas en contratos del Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP) suscritos en 2023 y gestionados por el Ministerio de Transporte en Santa Marta, Magdalena, por un valor superior a los $23.000 millones.
Según el ente de control, la decisión se tomó tras hallazgos reportados por la Contraloría General de la República, que advirtió que, pese a haberse pagado más del 90 % del valor contractual, a junio de 2025 no se evidenciaba la puesta en marcha de equipos tecnológicos contratados por más de $21.800 millones para el Sistema de Recaudo Centralizado, Control de Flota e Información al Usuario.
La indagación busca establecer si existieron fallas en la ejecución de los contratos bilaterales y en la interventoría, especialmente por la falta de instalación y entrega de sistemas considerados esenciales para los usuarios y la operación de la flota de buses del SETP.
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Posibles omisiones en la interventoría
La Procuraduría también examina el contrato de interventoría suscrito por $1.625’366.260, con el fin de determinar si se habría desconocido el deber de advertir e informar sobre los incumplimientos y retrasos en la ejecución del proyecto.
De acuerdo con la información oficial, pese a que se habrían desembolsado cerca de $1.250 millones por concepto de interventoría, los equipos tecnológicos no estaban en funcionamiento dentro del plazo previsto, lo que genera dudas sobre el control y seguimiento al contrato principal.
Práctica de pruebas
Con el propósito de esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades disciplinarias, la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción 7 Segunda Delegada para la Contratación Estatal decretó la práctica de pruebas dentro de la indagación previa.
El proceso se encuentra en etapa preliminar y busca establecer si hubo omisiones o irregularidades en la ejecución de los recursos públicos destinados al sistema de transporte de la capital del Magdalena.
