La Procuraduría General de la Nación inició una investigación disciplinaria para establecer posibles responsabilidades por actuaciones y omisiones durante la intervención estatal de Air-e. El proceso involucra al exministro de Minas y Energía Edwin Palma, así como a los exinterventores Diana María Bustamante Rueda y Nelson Javier Vásquez Torres y al exsuperintendente de Servicios Públicos Domiciliarios Felipe Durán Carrón.
Según el Ministerio Público, durante su gestión como agente especial, Palma habría incurrido en posibles incumplimientos relacionados con el traslado de recursos destinados al alumbrado público, reportes regulatorios ante el SUI, XM y la CREG, además de prácticas de facturación que venían de administraciones anteriores y no habrían sido corregidas.
En el caso de Durán Carrón, la Procuraduría señaló múltiples omisiones documentales que, preliminarmente, tendrían un carácter continuado y agravado durante los tres periodos de intervención de la compañía. Entre los aspectos bajo revisión figuran la ausencia de un plan estructurado para la recuperación empresarial, posibles fallas en la provisión de recursos y manejo de la deuda posterior a la toma de control, así como presuntas deficiencias en la entrega de información a los organismos de control.
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Bustamante Rueda, por su parte, es investigada por posibles incumplimientos regulatorios, entre ellos reportes pendientes y un permiso de poda vencido. También se revisan presuntos pasivos ambientales sin legalizar asociados a 12 líneas de alta tensión y un supuesto reporte inexacto de activos ante la CREG por $21.000 millones, registrados como operativos pese a que, según el ente de control, no lo estarían.
La Procuraduría advirtió que hallazgos relacionados con la ausencia de una solución empresarial, retrasos en el giro de subsidios, deterioro del IPT y patrimonio neto negativo durante la intervención podrían revestir una gravedad considerable. Para esclarecer los hechos, el organismo ordenó la práctica de pruebas dentro del proceso disciplinario.
