La Procuraduría General de la Nación inició una actuación preventiva ante la grave vulneración de derechos fundamentales que enfrenta el pueblo Arhuaco (Iku), tras constatar en terreno la suspensión de servicios básicos esenciales.
Durante una visita técnica, el órgano de control evidenció fallas críticas en salud, educación, alimentación, agua potable, saneamiento básico y gobernanza comunitaria, ocasionadas por la falta de registro legal del representante del pueblo Arhuaco desde 2021. Esta situación ha generado la paralización de la ejecución de recursos públicos y la interrupción de programas sociales.
El Ministerio Público alertó que más de 2.000 mujeres gestantes no reciben atención del ICBF, unos 5.000 niños carecen de alimentación diferencial, 500 jóvenes no han podido acceder a becas o educación superior por falta de certificación, y varios recién nacidos no cuentan con registro civil.
La Procuraduría requirió a las entidades nacionales y territoriales competentes (entre ellas los ministerios del Interior, Salud, Educación, Hacienda y Vivienda, el DNP, el ICBF y las gobernaciones del Cesar, Magdalena y La Guajira) que informen las medidas adoptadas para garantizar la atención inmediata a la comunidad.
El ente de control advirtió que esta situación constituye una afectación directa al goce efectivo de derechos fundamentales, especialmente de niños, mujeres gestantes y adultos mayores, y recordó la obligación del Estado de garantizar, sin dilaciones, el acceso continuo a la salud, educación, agua y alimentación bajo un enfoque diferencial y de no regresividad.
La Procuraduría anunció que mantendrá presencia permanente en el territorio y realizará un seguimiento constante a las respuestas institucionales. Además, no descartó la apertura de acciones disciplinarias si se evidencia incumplimiento en la atención oportuna de la población Arhuaca.
