Siete años después de su creación, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se prepara para emitir su primera sentencia. En una audiencia celebrada en Valledupar, doce exintegrantes del Batallón La Popa del Ejército reconocieron su responsabilidad en la ejecución de 135 personas inocentes, presentadas falsamente como bajas en combate entre 2002 y 2005.
Durante la diligencia, realizada en el mismo territorio donde ocurrieron muchos de los crímenes, los comparecientes reiteraron su compromiso con las sanciones restaurativas que les impondrá el tribunal: entre cinco y ocho años de trabajo en proyectos de memoria histórica, social y cultural, sin prisión.
La audiencia fue también un espacio de confrontación emocional. Varias víctimas, como Laura Vanessa Piña y Karen Castro Aguirre, intervinieron para exigir verdad y celeridad en los procesos de identificación de cuerpos. “Esta es la camisa de mi papá”, dijo Piña mientras sostenía la prenda frente a los exmilitares. Castro, por su parte, recordó que su madre murió esperando noticias de su hijo desaparecido.
La magistrada Ana Manuela Ochoa interrumpió en varias ocasiones a los exoficiales para evitar justificaciones y recordar que el acto debía centrarse en el reconocimiento pleno de responsabilidades.
La JEP estudia actualmente nueve proyectos restaurativos propuestos conjuntamente por víctimas y comparecientes. Mientras tanto, el coronel retirado Publio Hernán Mejía, excomandante del batallón, no aceptó los cargos y podría enfrentar hasta 20 años de cárcel en la justicia ordinaria.
El fallo, que marcará un hito en la justicia transicional colombiana, se conocerá en los próximos 30 días hábiles. La JEP ya tiene programada su siguiente audiencia de verificación, relacionada con secuestros atribuidos al secretariado de las Farc, para el 31 de julio y 1 de agosto.
