El presidente Gustavo Petro presentó este 7 de abril el borrador de un proyecto con el que quiere hacer un nuevo intento para reasumir algunas funciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) y la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento, luego de que el Consejo de Estado tumbara el Decreto 227 el pasado mes de febrero.
El mandatario había anunciado que a través de dicho Decreto, se le permitiría tener “la facultad de generar las políticas generales de administración de servicios públicos domiciliaros que son el agua y la luz”.
No obstante, con la nueva propuesta que se convertiría en la política del servicio público de energía, el Gobierno Nacional pretende establecer otras medidas y lineamientos al Decreto 1073 de 2015, para el aseguramiento de la prestación del servicio.
También pretende establecer lineamientos para promover la eficiencia y la competitividad del servicio público y se adicionan medidas para el mercado. Entre los puntos más importantes está la transición a una tarifa ajustada a la población.
Conocido el borrador del nuevo Decreto, Norman Alarcón, presidente de la Liga Nacional de Usuarios, advirtió que esta normatividad “busca esquivar el efecto del aumento del costo de la energía en Colombia”, no obstante, aclaró que allí no se menciona el régimen especial que estableció las tarifas más altas para la Región Caribe.
En un comunicado, la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos Región Caribe, dejó sentada su posición frente al Decreto que modifica el 1073.
Primero: este proyecto del Gobierno Nacional desconoce y esquiva las causas de los aumentos tarifarios de la energía eléctrica en el país y, peor aún, en la Región Caribe.
Segunda: no menciona para nada el régimen especial tarifario eléctrico que ocasiona las alzas más despiadadas contra más de once millones de costeños (Artículo 318 Ley 1955 de 2019, Plan Nacional de Desarrollo de Duque y Resolución Creg 010 de 2020).
Tercero: no dice nada sobre las altas rentabilidades de las empresas eléctricas del país que promedian más del 12% anual amparadas por la Creg, cuando en la Unión Europea son del 4%. No tiene forma de competir el sector productivo con esos países y menos con los TLC.
Cuarto: sobre las pérdidas eléctricas menciona que se pueden rebajar a través de la autogeneración de energía, que son planes a largo plazo y para una parte mínima de los usuarios.
Quinto: aprueba la medición inteligente AMI, la cual ha sido rechazada por miles de usuarios por ser muy sofisticada, innecesaria para la inmensa mayoría de usuarios y costosa ya que es un factor más de aumentos tarifarios.
Sexto: este proyecto está en armonía con el proyecto de Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno actual que impone la reasignación de subsidios para bajarlos con la focalización originada en el Banco Mundial a los estratos 1, 2 y 3, la imposición de la medición inteligente AMI (artículo 88) y ratifica el régimen especial tarifario del servicio eléctrico para siete departamentos de la Costa Atlántica (artículo 358), rechazado por toda la región.
“Por estas razones la Liga Nacional de Usuarios presentará comentarios a este proyecto de Decreto señalando sus falencias y la necesidad de que el Gobierno Nacional escuche nuestros argumentos y rectifique sus incoherencias, honrando compromisos como la modificación del régimen especial tarifario eléctrico discriminatorio con la Costa Atlántica”, expresó Normal Alarcón.
