El Juzgado Primero Civil del Circuito de Barranquilla, a cargo del juez Norberto García, ordenó una medida cautelar que deja sin efectos la expulsión de Alberto Ortiz Saldarriaga, fiscal de la Asociación de Educadores del Atlántico (ADEA). La decisión, emitida el pasado viernes 7 de noviembre, suspende provisionalmente las resoluciones adoptadas por la Asamblea General de Delegados del sindicato el 22 de julio de 2025.
Según el documento judicial, la medida se fundamenta en el inciso 2 del artículo 382 de la Ley 1564 de 2012, lo que implica que Ortiz continúa en su cargo como fiscal, al haber sido elegido legítimamente por las bases del magisterio del Atlántico. El dirigente sindical aseguró que su expulsión se produjo tras un “acto de injerencia” del Ministerio de Trabajo, al reconocer de manera extemporánea a cinco directivos como representantes oficiales del sindicato, quienes posteriormente promovieron la sanción en su contra.
Ortiz señaló que la Asamblea no respetó su derecho al debido proceso ni tuvo en cuenta que la resolución que dio origen a su expulsión ya había sido revocada el 27 de junio de 2025 por la propia Junta Directiva. Además, advirtió que con dicha sanción se desconocieron normas nacionales e internacionales, como el artículo 398 del Código Sustantivo del Trabajo y el artículo 23 del Pacto de San José de Costa Rica, que garantizan la participación democrática y el respeto a los derechos sindicales.
El fiscal calificó la decisión judicial como una “primera victoria jurídica” y afirmó que, de ser necesario, llevará su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También mencionó que actualmente cursan dos investigaciones en la Fiscalía por presunto prevaricato y fraude procesal relacionados con su caso.
