Representantes de diversos gremios empresariales del Atlántico solicitaron que el proceso de intervención administrativa a Comfamiliar Atlántico se adelante bajo criterios de transparencia, rigor técnico y garantías institucionales, con el propósito de proteger la estabilidad de la entidad y la continuidad de los servicios que presta a sus afiliados.
A través de un pronunciamiento conjunto, los sectores productivos pidieron a la Superintendencia del Subsidio Familiar que cada decisión adoptada durante la intervención esté debidamente sustentada en la normativa vigente. Asimismo, solicitaron a la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación ejercer acompañamiento, vigilancia y seguimiento sobre las actuaciones relacionadas con el manejo de recursos, las medidas administrativas y las decisiones de gestión.
Los gremios señalaron que Comfamiliar Atlántico cumple una función esencial para el bienestar de numerosas familias del departamento, por lo que consideran prioritario preservar su misión social y garantizar que los servicios continúen prestándose de manera eficiente y oportuna. También advirtieron que el proceso no debe generar consecuencias que afecten la capacidad institucional, financiera u operativa de la caja de compensación.
En el documento, los firmantes insistieron en que las actuaciones de la Superintendencia deben evitar cualquier afectación a los beneficios que reciben los usuarios del sistema de subsidio familiar. De igual manera, manifestaron que permanecerán atentos al desarrollo de la intervención para verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico, las garantías constitucionales y los principios que rigen la función administrativa.
La solicitud fue respaldada por Acopi Atlántico, AmCham Colombia, Analdex, ANDI Seccional Atlántico-Magdalena, Asoportuaria, Camacol Atlántico, el Consejo Empresarial de Organizaciones del Atlántico y Magdalena y Fasecolda.
También suscribieron el pronunciamiento Fenalco Atlántico, Fenavi Costa, Fitac, la Lonja de Barranquilla y ProBarranquilla, que coincidieron en la necesidad de proteger a la entidad y garantizar que la intervención se desarrolle con controles y criterios técnicos.
