La Procuraduría General de la Nación estableció que en 3 gobernaciones y 15 alcaldías entregaron a 18 financiadores de sus campañas políticas, contratos por cerca de $6.000 millones, pese a estar inhabilitados por haber hecho aportes por encima del 2% del tope establecido.
Dentro de la denuncia establecida por el jefe del Ministerio Público se encuentra la gobernación del Atlántico de quien se dice, firmó dos contratos con la firma Tasset S.A.S. por $1.074 millones; la Alcaldía de Pueblo Bello en el Cesar, un contrato con la Asociación de Productores Agroecológicos de la Sierra Nevada de Santa Martha por el orden de los $93,5 millones; la Alcaldía de Repelón en el Atlántico, dos contratos con Diego Alberto Arteaga Lagarez, por $16 millones. Igualmente figuran la ESE Hospital Local de Montelíbano, la E.S.P. Jaguazul S.A. y la Alcaldía de Montelíbano, Córdoba, con 3 contratos con SON Impresores S.A.S., por $32,9 millones
“Los mandatarios que celebraron contratos con personas naturales o jurídicas que estaban inhabilitadas serán objeto de investigación y están en la obligación de darlos por terminado, según corresponda en cada caso, mediante acto administrativo debidamente motivado y ordenar su liquidación en el estado en que se encuentren”, precisó el procurador General, Fernando Carrillo Flórez.
En desarrollo de la función preventiva y atendiendo a las denuncias inicialmente presentadas por Transparencia por Colombia y la Alianza Ciudadanía Activa, la PGN, a través de la Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, con apoyo de la Unidad de Gestión de Información e Inteligencia – UGII – y el Grupo de Control Electoral, adelantó acciones de analítica de datos para identificar contratos celebrados con financiadores de campañas de 2015, 2018 y 2019, lo que le permitió focalizarse en los aportantes de 2019 que superaron el tope del 2%, por estar actualmente inhabilitados para suscribir esos contratos.
“Una vez obtenida esta información clasificamos los aportantes/contratistas de acuerdo con la gobernación, alcaldía y sus entidades descentralizadas y nos focalizamos en los financiadores de campañas en 2019, puesto que son los que actualmente están inhabilitados para contratar en aquellas entidades territoriales”, dijo el Procurador.
Cabe anotar que a través de la Directiva No. 024 el Procurador General de la Nación alertó a los gobernadores, alcaldes y ordenadores del gasto de entidades públicas descentralizadas sobre la inhabilidad de contratar con financiadores de campañas políticas que hayan superado el tope del 2%, de acuerdo con lo establecido en el artículo 33 de la Ley 1778 de 2016.
Según la norma, los gobernadores, alcaldes, y ordenadores del gasto de entidades públicas descentralizadas del nivel departamental, distrital o municipal correspondiente, no pueden celebrar contratos con las personas naturales o jurídicas que financiaron sus campañas políticas, si sus aportes fueron superiores al dos por ciento (2.0%) de las sumas máximas a invertir por los candidatos en las campañas electorales en cada circunscripción, según lo determinado por el Consejo Nacional Electoral.
