Tres rectores de instituciones educativas en Cartagena, un supuesto abogado y cuatro contratistas que al parecer cometieron actos de corrupción, fueron judicializados por una fiscal de la Unidad de Administración Pública de esa ciudad.
La medida afectó a Juan Carlos Castillo Castilla, Robinson Orozco Quejada y a Remberto de Jesús Navas Moreno, quienes laboran como directores de los planteles educativos.
Igualmente fueron asegurados los contratistas, Hernando Vargas Morales, quien fungía como abogado sin tener título profesional, Luz Emilia Montalvo Castellano, Ubiter del Carmen Álvarez Padilla y Enoelia García Flórez.
La investigación se originó por una compulsa de copias de la Contraloría Distrital de Cartagena al encontrar durante el periodo de pandemia por el Covid – 19, en los años 2020 y 2021, unas presuntas irregularidades en la celebración de 20 contratos que realizaron los académicos para vincular a Vargas Morales, quien no era abogado y a los demás contratistas con un detrimento patrimonial de más de 500 millones de pesos.
Labores de policía judicial lograron establecer que ninguno de los procesos contractuales, que tenían como objeto, elaborar cartillas y material pedagógico, diseñar manuales de contratación y funcionamiento de colegios y realizar asesorías jurídicas, entre otros, cumplieron con los requisitos legales establecidos, ni tampoco contaron con los soportes de ejecución que sustentara el cumplimiento de los mismos.
Se determinó igualmente que las instituciones de educación celebraron además contratos con una empresa de mantenimiento, donde el falso jurista era el representante legal para mejorar las instalaciones, obras que no fueron realizadas y que afectaron el patrimonio de los recursos públicos que benefician la educación de niños y niñas de sectores vulnerables de Cartagena.
La Fiscalía encontró que se omitió al parecer, por parte de los rectores la aprobación y aval del consejo directivo para la selección de los contratistas y que presumiblemente aceptaron documentación falsa, como el diploma profesional del abogado, Cámaras de Comercio de la compañía de mantenimiento y las acreditaciones de experiencias, entre otros, para realizar las contrataciones.
Así mismo se identificaron fraccionamientos en dichos contratos que no sobrepasaban la cuantía de 20 salarios mínimos legales para que se permitiera la modalidad de contratación directa evadiendo la de selección adecuada.
Durante las audiencias preliminares, el ente acusador les imputó a los procesados según sus responsabilidades individuales, los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado. Los cargos no fueron aceptados.
Por disposición judicial, los tres rectores y el supuesto abogado deberán cumplir las medidas de aseguramiento en centro carcelario, mientras que los contratistas lo harán en sus lugares de domicilios.
