En una reunión realizadas en la capital del Cesar, por las autoridades de este departamentos, la JEP y La Guajira, para avanzar en la articulación que permitirá materializar proyectos restaurativos por ‘falsos positivos’ en esta zona del país.
Este esfuerzo contribuirá a que las sanciones propias que se impongan a los máximos responsables, quienes han aportado verdad y reconocido su responsabilidad por asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate en la Costa Caribe, sean efectivas, viables y sostenibles.
En este espacio de trabajo, orientado a coordinar acciones que contribuyan a restaurar los daños causados a las víctimas, las comunidades y los territorios, participaron el presidente de la JEP, magistrado Alejandro Ramelli; el secretario ejecutivo, Harvey Suárez; la magistrada Ana Manuela Ochoa; y el subdirector del Sistema de Justicia Restaurativa, Julián Guerrero.
Las autoridades territoriales presentes coincidieron en expresar su compromiso de respaldar estas iniciativas, que servirán como marco de referencia para las sanciones propias que se impondrán a los máximos responsables. No obstante, fueron enfáticos en señalar que su materialización depende de la concurrencia del Gobierno nacional, responsable de garantizar el financiamiento según el Acuerdo Final de Paz y el Plan Nacional de Desarrollo. Las acciones restaurativas que se desplegarán en Cesar y La Guajira permitirán el cumplimiento de las sanciones propias que imponga la Sección de Reconocimiento de Verdad a 12 exintegrantes del Batallón de Artillería No. 2 ‘La Popa’, en el Subcaso Costa Caribe del Caso 03.
Se trata de comparecientes de la Fuerza Pública que aportaron verdad tras ser hallados máximos responsables por su participación determinante en el asesinato de 135 personas en estos dos departamentos, incluidos integrantes de los Pueblos Wiwa y Kankuamo. Cuando los máximos responsables aportan verdad y reconocen su responsabilidad ante la JEP, sus procesos son remitidos al Tribunal para la Paz.
