La Defensoría del Pueblo formalizó su intervención como coadyuvante en la acción popular presentada por la Procuraduría General de la Nación, en el proceso relacionado con la operación del peaje Los Papiros, en Puerto Colombia, Atlántico.
Entre el 2021 y el 2022, la entidad nacional de derechos humanos lideró la secretaría técnica de las mesas de trabajo sobre la operación del peaje Los Papiros, las cuales fueron creadas como respuesta a protestas de la comunidad y como mecanismo de diálogo para encontrar una solución a la problemática generada sobre dicho peaje que se encuentra ubicado en la autopista que conecta a Puerto Colombia con Barranquilla.
Así como también, desde el 22 de febrero de 2023, la Regional Atlántico acompaña a la comunidad de Puerto Colombia en su derecho a la protesta pacífica y ha sido testigo de la creciente inconformidad social respecto a la ubicación y cobro de este peaje, el cual ha sido señalado como un obstáculo a la seguridad vial y al desarrollo económico, turístico y social de la región, entre otras.
Durante el tiempo en que la Defensoría del Pueblo tuvo a su cargo la secretaría técnica se lograron importantes avances, incluyendo el diálogo social y realización de diferentes propuestas técnicas para el desmonte o reubicación del peaje, el aporte de estudios técnicos de seguridad del peaje, así como la suspensión del cobro de las categorías C1 y C2 durante los periodos de diálogo, entre otros. En estas mesas participaron actores clave como el Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), la Alcaldía de Puerto Colombia, la Gobernación del Atlántico, el comité «No más peajes», el sector transportador y educativo, la Procuraduría General de la Nación y universidades, entre otras.
Sin embargo, tras un año de trabajo no se llegó al cumplimiento de los compromisos adquiridos en las mesas y la Defensoría entregó la secretaría técnica a la Gobernación del Atlántico. Ante esta situación, en enero de 2024, la Procuraduría Regional de Instrucción interpuso una acción popular solicitando una medida extraordinaria para suspender el cobro de las categorías C1 y C2 hasta que se emita un pronunciamiento de fondo con respecto a la problemática y los presuntos derechos colectivos vulnerados.
La Defensoría del Pueblo también ha reiterado la solicitud de que se tomen medidas cautelares urgentes, incluyendo la suspensión del cobro de las categorías C1 y C2 en la caseta de control Los Papiros, hasta que se adopte una decisión definitiva sobre este asunto. Además, esta demanda pretende que las decisiones tengan en cuenta la ubicación de la caseta de control y el equilibrio financiero y seguridad jurídica del contrato de Asociación Público-Privada entre la ANI y la Concesión Costera Barranquilla-Cartagena S.A.S., así como también la reubicación de la báscula de pesaje para mejorar la seguridad y desarrollo vial.
