El Consejo de Estado negó una tutela que buscaba que se revocara la absolución a la Policía por la muerte de un oficial en un enfrentamiento con el ELN.
Los familiares del fallecido consideraban que la entidad demandada estaba obligada a repararlos económicamente porque, según ellos, a las víctimas se les había encomendado una misión frente a la cual no estaban preparadas militarmente.
Las razones que llevaron a los tutelantes a interponer esta acción de amparo constitucional, se originaron en una demanda de reparación directa que interpuso la familia del excomandante encargado de la estación de Policía del municipio de González (Cesar), quien murió en un ataque de la organización armada contra un grupo de conscriptos que estaba efectuando una labor de patrullaje en la vereda El Chamizo el 27 de agosto del 2011.
En primera instancia, un Juzgado Administrativo de Valledupar (Cesar) condenó a la Policía, por considerar que esa institución expuso a los uniformados a un riesgo frente al cual no estaban preparados.
Sin embargo, dado que la decisión fue apelada, el Tribunal Administrativo del Cesar la revocó y absolvió a la entidad demandada. Anotó que los superiores del excomandante de la estación le advirtieron del riesgo originado por la presencia de los ilegales que protagonizaron el ataque y este, pese a tener suficiente experiencia en este tipo de labores, hizo caso omiso de las advertencias.
Los demandantes interpusieron una acción de tutela, con el fin de que se dejara sin efectos el fallo del tribunal. Según ellos, la decisión de adelantar el patrullaje no fue del excomandante interino de la estación sino del comandante de Distrito.
Señalaron que el tribunal valoró indebidamente testimonios, minutas de guardia, entre otros elementos, que, dicen, dieron lugar a la violación de varios derechos fundamentales, entre ellos el debido proceso.
El Consejo de Estado negó las pretensiones. Desestimó que las pruebas condujeran a concluir que a la víctima se le delegó una tarea para la cual no estaba preparada, pues sus 15 años de servicio, cuatro menciones honoríficas y 43 felicitaciones demuestran que su nombramiento como comandante encargado estaba basado en su experiencia frente a la clase de operaciones como aquella que derivó en su muerte.
Además, anotó que es visible que se le advirtió de los riesgos por la presencia de grupos armados en la zona, entre ellos el ELN, lo que implica que su muerte y la de los conscriptos, es atribuible a la acción exclusiva de los alzados en armas y a su propia negligencia.
