La Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP) y la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas) manifiestan su preocupación por el fallo de tutela que ordena la suspensión de la actividad de exploración de gas natural en el pozo Uchuva 2 en el mar Caribe, a más de 30 kilómetros frente a las costas de Santa Marta.
La suspensión se dio por cuenta de un fallo de tutela emitido por el Juzgado Cuarto Laboral de Santa Marta, que obliga a frenar el proyecto hasta que se haga una consulta previa con la comunidad del resguardo indígena de Taganga y se creen protocolos para la atención de las «comunidades ancestrales del agua”.
La Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior, apelará la decisión proferida por el juez de instancia, insistiendo en una serie de “actuaciones ajustadas a la normatividad, procedimientos y criterios aplicables a la consulta previa vigentes a la expedición de cada acto administrativo”.
Las empresas de la industria del gas natural, en un comunicado expresaron que respetan y acatan las decisiones judiciales, sin embargo, enfatizan en que esta decisión compromete el abastecimiento de gas natural que beneficia hoy a 36 millones de colombianos, aun cuando las entidades competentes demostraron que no se vulneró el derecho fundamental a la consulta previa a la comunidad indígena.
En cuanto al proyecto de Uchuva 2 y el cumplimiento de los trámites requeridos para su ejecución, la ACP y Naturgas señalan que el Bloque Tayrona del que hace parte el pozo Uchuva 2, está localizado a 31 kilómetros de la línea de costa, en aguas profundas (837 metros de lámina de agua) en mar territorial colombiano, en donde la empresa operadora ha ejecutado diversas actividades por más de 20 años, en cumplimiento del contrato firmado en 2004 con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).
“Las actividades exploratorias ejecutadas fueron aprobadas por las autoridades. La empresa operadora (Petrobras) ha cumplido con todos los requisitos regulatorios y trámites requeridos, incluyendo la Determinación de la No presencia de Comunidades Indígenas en el área de influencia del proyecto, el licenciamiento ambiental, y la obtención de los permisos de la Dirección General Marítima (Dimar). Sus actividades se han adelantado cumpliendo los más altos estándares de calidad y sin ningún impacto ambiental significativo registrado”, resaltan.
Para la Presidenta de Naturgas, Luz Stella Murgas, “hoy Colombia necesita con urgencia anticipar el desarrollo de los proyectos que tenemos costa afuera. El Bloque Tayrona, donde se encuentra Uchuva, tiene un potencial de 400 Mpcd, cantidad que permitiría retomar la autosuficiencia del país en el mediano plazo. Los proyectos costa afuera tienen un potencial que puede brindarle a Colombia seguridad energética por varias décadas, así como en su momento lo hicieron Cusiana, Cupiagua, Ballena y Chuchupa”.
La Presidenta de Naturgas hace un llamado a la comunidad de Taganga para que “considere que ante el derecho fundamental a la consulta previa que reclama luego de dos décadas de cumplimiento de todos los requisitos exigidos, se está poniendo en riesgo el acceso a la prestación del servicio público esencial de gas natural. Se pone en riesgo la vida digna de 36 millones de colombianos, la alimentación de los niños, el derecho fundamental a la salud y la atención a la población vulnerable”.
Por su parte, Frank Pearl, presidente de la ACP, señaló que “este proyecto es estratégico para el futuro energético de los colombianos, al materializar su potencial y el de los demás proyectos costa afuera tendremos la oportunidad de revertir la disminución crítica de las reservas de gas natural e incluso multiplicarlas por 30. Con las reservas actuales el país empezaría a tener déficit de oferta a partir de 2025; con los recursos contingentes y prospectivos (incluidos los de Uchuva) podremos seguir garantizando el autoabastecimiento de gas a largo plazo, pero para ello requieren exploración y desarrollo”.
Pearl hizo énfasis en que “la crítica situación de suministro de gas no será subsanable con oferta nacional sin el desarrollo de los proyectos costa afuera”, y que, “las decisiones que retrasan o suspenden el desarrollo de proyectos como este ponen en riesgo el abastecimiento energético de los colombianos y generan incertidumbre para los inversionistas, lo cual también tiene implicaciones fiscales para el país y las regiones”.
