En el marco del Primer Comité de Justicia Transicional del Atlántico, fue aprobado el Plan de Acción Territorial (PAT), un proyecto enfocado en mejorar las condiciones de vida de las víctimas de la pobreza y el conflicto, que suman 193.210 en el departamento.
El plan se orienta hacia la educación, vivienda, salud y seguridad alimentaria, con el objetivo de promover la empleabilidad y crear fuentes de ingresos para esta población vulnerable.
La reunión tuvo lugar en el Hotel El Prado, y contó con la participación de representantes de diversas instituciones, como la Gobernación del Atlántico, Sena, Policía Metropolitana de Barranquilla, Procuraduría Regional del Atlántico, Defensoría del Pueblo, entre otras. Durante el encuentro, se discutió la oferta institucional disponible para apoyar a las víctimas, incluyendo programas de salud, infraestructura y bienestar social.
José Luque, Secretario del Interior de la Gobernación del Atlántico, destacó la importancia de integrar todos los recursos institucionales. «A través de la Secretaría de Salud, la Secretaría de la Mujer y la Secretaría de Infraestructura, ofrecemos nuestros programas a las poblaciones afectadas, aumentando así nuestra capacidad económica para llegar a ellas», afirmó.
Uno de los puntos clave del plan es el acuerdo interinstitucional con el Sena, que incluye la entrega de 2.000 becas para las víctimas, y el programa ‘Mi Casa Bacana’, enfocado en la mejora y construcción de viviendas para esta población. «Estamos comprometidos en brindar soluciones habitacionales a las víctimas, para que sean parte de este programa y mejoren su calidad de vida», explicó Luque.
Yesenia Pérez de la Hoz, directora de la Unidad para la Atención a Víctimas, enfatizó la necesidad de un esfuerzo adicional en temas de generación de ingresos, acceso y mejoramiento de viviendas, y seguridad alimentaria. «Esta es la población más vulnerable de Colombia, y requiere de todos los esfuerzos institucionales para dignificar sus vidas y ofrecerles oportunidades reales», sostuvo.
El Plan de Acción Territorial se implementará con comités de seguimiento que garantizarán su continuidad hasta 2027.
