Pasan los días y no podemos olvidar como estarán aquellas madres después de un hecho tan lamentable que estremeció a todo el país, como la muerte el mes pasado de 18 niños en un bombardeo efectuado por parte de las fuerzas armadas de Colombia a un campamento de las Farc en el departamento de Caquetá, Colombia, como violatorios a los principios de distinción y precaución del derecho internacional humanitario –DIH–, el cual se pueden señalar varios elementos, para el debate nacional e internacional.
Colombia sigue padeciendo los estragos del conflicto armado, que siguen teniendo como causa, además de las profundas desigualdades, la exclusión económica, social y política que atiza de manera permanente el actual sistema político y económico del país.
Estamos en medio de un contexto donde la paz comprende una de las grandes banderas y reivindicaciones ciudadanas y la política criminal del Estado no enlaza con dichos anhelos de paz, viéndose reducida al alza de penas y a un tratamiento de guerra de los conflictos. Los numerosos conflictos sociales en Colombia son vistos y tratados por el Estado como parte de un conflicto de baja y media intensidad que amenaza hoy a Colombia y Latinoamérica.
Siendo la guerra un hecho incuestionable en Colombia las violaciones al derecho internacional humanitario crecen por parte de todos los actores del conflicto. Numerosos son los casos que se pueden mencionar, entre ellos las masacres y el asesinato de cientos de líderes y lideresas sociales y políticos.
No olvidemos que el hecho del bombardeo, asunto que le costó el puesto al ministro de Defensa, con su renuncia y aceptación del presidente Duque, queda evidente la falta de previsión del gobierno, las irregularidades de la inteligencia, el desconocimiento de las denuncias e informaciones del alcalde y personero del municipio de San José del Caguán, la misma Defensoría del Pueblo, así como la realización de un acto de guerra violatorio del derecho internacional humanitario. Criticable que en el país se permitan bombardeos indiscriminados o con objetivos con una seguridad imprevisible de alcanzar. Según las denuncias de la comunidad y las autoridades locales y regionales, los menores muertos en estos hechos no eran portadores de armas ni tampoco se encontraban realizando acciones de hostigamiento contra el Estado y sus fuerzas militares, por lo que gracias a las denuncias e informaciones no se puede predicar que estos menores fueran o actuaran como combatientes de una fuerza militar irregular al margen de la ley.
Todos los colombianos debemos rechazar la política de reclutamiento forzado de menores de estos grupos al margen de la ley y el bombardeo a los mismos, como hechos que atentan contra el derecho internacional humanitario.
En el debate jurídico y político nacional e internacional debemos seguir insistiendo en que el garante de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario es el Estado, así todos estos hechos violatorios de los mismos, deben concitar al desarrollo de una política criminal en el que la protección y ejercicio de los derechos como objetivo principal no implique como línea fundamental el desarrollo de la guerra, por el contrario, mi invitación es a que llenemos de contenido la política criminal del Estado resignificando el derecho penal como ultima ratio. El país no necesita más muertos, presos y víctimas, necesita abrirse a una política de paz en el que se haga efectivo el dialogo social y el acercamiento del Estado al ciudadano y sus necesidades, una política social que posibilite el cerramiento de las brechas de injusticia social, así como una profunda reforma política con la que el país le apueste a la profundización de la democracia y las libertades.
