La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, instaló ayer en Barranquilla el conversatorio “La educación como garantía de los Derechos Humanos”, desarrollado por la Organización de Estados Iberoamericanos en la Universidad del Atlántico, y que contó con la presencia especial de la Premio Nobel de Paz, Rigoberta Menchú.
Acortar las brechas existentes y mejorar la calidad de la educación para todos fue uno de los mensajes iniciales de la jefe del Ministerio Público, quien destacó que “la Procuraduría está vigilante frente a la situación de todo el estudiantado colombiano, y actuamos para que las autoridades cumplan su deber de garantizar el real acceso a su derecho a la educación, y por el regreso pleno a sus instituciones educativas en condiciones dignas y seguras”.
De igual forma, indicó que con fundamento en la vigilancia preventiva de la función de los servidores públicos, orientan sus esfuerzos con este enfoque anticipativo en torno a dos líneas fundamentales definidas:
- Requerir e insistir ante las autoridades y servidores públicos para que implementen acciones que permitan garantizar el derecho a la educación de los niños, las niñas y los adolescentes.
- Acompañamiento preventivo en las regiones. La verificación en sitio nos permite identificar de primera mano las debilidades y falencias de nuestro sistema educativo de acuerdo con las particularidades propias de las regiones”.
Vigilancia especial para PAE 2021 y 2022
La jefe del Ministerio Público resaltó que en lo que respecta al Programa de Alimentación Escolar –PAE–, la entidad cuenta con un Comité Especial y los respectivos Comités Regionales.
“Vigilamos la entrega de las raciones alimentarias en todo el territorio nacional, que nos permite identificar las presuntas irregularidades relacionadas con la calidad, la cobertura y la prestación oportuna del programa”, dijo.
Como resultado de esta gestión y ante las suspensiones de entrega de las raciones alimentarias, Cabello Blanco destacó que “se presentaron acciones de tutela contra las administraciones departamentales del Cesar, Magdalena, Quindío y Nariño, a fin de velar por los derechos fundamentales a la alimentación equilibrada, la salud y la educación de los estudiantes beneficiarios del PAE que se vieron afectados”.
En lo disciplinario, indicó que “hoy tenemos más de 180 investigaciones disciplinarias por presuntos incumplimientos de los gobernadores y alcaldes en los compromisos con el PAE”.
De manera complementaria, la Procuraduría ha insistido en la importancia de financiar suficientemente el PAE para garantizar la alimentación durante todo el calendario escolar. Por este motivo solicitó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público priorizar la cofinanciación del PAE para la vigencia 2022.
Igualmente, anunció que “se requirió a las Entidades Territoriales Certificadas para que adelanten de manera de oportuna y diligente las acciones que garanticen la prestación del servicio de alimentación escolar en la vigencia 2022, desde el inicio del calendario escolar y sin interrupciones”.
En el cierre de su intervención, recalcó que “la Procuraduría General de la Nación velará porque el acceso al derecho a la educación vuelva a ser una realidad para los cerca de 2 millones de niños y niñas que este año no pudieron retornar a la presencialidad”.
