La deuda con hospitales públicos por atención de urgencia a ciudadanos venezolanos superó en los últimos tres años los $407 mil millones.
Así lo expuso el contralor Felipe Córdoba en Cumbre de Gobernadores en Cúcuta. “Esas y otras presiones sobre el gasto público hacen que los recursos reservados para la atención a los migrantes se tornen especialmente sensibles y estén expuestos a circunstancias imprevistas y a manejos que podrían desafiar el régimen legal vigente”, indicó.
Córdoba recomendó a los gobernadores que presten todo el apoyo fiscal para poder atender a los migrantes venezolanos.
“La política migratoria, que demanda una articulación de esfuerzos entre el Gobierno nacional y las administraciones departamentales, exige un compromiso de ustedes en materia fiscal”, dijo.
Consideró el contralor que la política migratoria demanda una eficiente gestión del gasto y un control eficaz.
“De acuerdo con los cálculos más recientes del Fondo Monetario Internacional, la atención a la población migrante y refugiada venezolana en Colombia tendrá de aquí a 2023 un impacto fiscal que se ubicará en el 0,6 por ciento del PIB (…) y según el Banco de la República, los costos relacionados solamente con la atención en salud para esa población se aproximarán a los 620.000 millones de pesos, es decir, un 0,06 por ciento del PIB”, apuntó.
