Si bien es cierto, este avance en la “transición”, y esta diversificación de la matriz energética con la inclusión de las fuentes de energías alternativas, las emisiones de CO2 por concepto del consumo de combustibles fósiles no se reducirán. A pesar de los esfuerzos y desarrollos tecnológicos que se realizan en el mundo a favor de las energías alternativas, la industria petroquímica demanda la explotación de los hidrocarburos como materia prima de sus procesos, y las metas económicas gubernamentales dependen directamente de la explotación del petróleo y el carbón que son exportados y que en algún lugar del mundo serán consumidos generando impacto al medio ambiente. También existe la necesidad de ampliar las reservas petroleras en Colombia, conociendo la implicación económica que representa en la cartera nacional, dando lugar a las entidades gubernamentales a poner sobre la mesa la implementación del Fracking, tema en cuestión que encuentra amigos y detractores para su aplicación.
Pero, más que dar un sí o un no a la inclusión de dicha técnica, Colombia debe prepararse y buscar nuevas alternativas de mercado que puedan llegar a sustituir gradualmente los recursos económicos que se obtienen de la explotación de hidrocarburos. Por lo anterior se deberán implementar medidas rigurosas en la formulación de políticas que conlleven a fortalecer el modelo de transición energética, enfocados a incentivar la inversión extranjera y el interés del gobierno nacional, para así, propender por un mejor desarrollo sostenible, económico, político y ambiental.
Cabe anotar que el país ha logrado un avance en su estructura energética, no obstante, se necesitará trabajar, aun más en la consolidación de alianzas público-privadas para crear y efectuar proyectos de alto impacto que contribuyan al desarrollo sostenible y generen beneficios a la región.
Para lograr diseñar una política energética nacional que estimule la protección del medio ambiente y el desarrollo, se deberá migrar hacia un sistema energético altamente competitivo, eficiente y resiliente a través de la masificación de energías renovables no convencionales, eliminar los obstáculos energéticos con nuevos modelos de negocio y nuevas tecnologías y así acelerar los servicios de energía eléctrica y gas combustible en todo el territorio.
Adicionalmente, se deberá liderar la lucha contra el cambio climático, priorizando la movilidad sostenible, con combustibles de bajas emisiones, y unas eficientes políticas energéticas accionadas desde lo sectorial. Actualmente, el Gobierno nacional presenta el contexto de lanzar la transformación de sus sistemas energéticos, indicando que las direcciones de la política son claras y están encaminadas a: “aumentar la participación de las energías renovables no convencionales de menos del 1% a más del 12% en la matriz energética para el 2022, elevar su objetivo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero del 20% al 51% para 2030 y hacer de la reactivación sostenible la fuerza que impulsa su estrategia de recuperación económica como resultado del Covid (Ministerio de Minas y Energía 2021).
Por otra parte, a la sostenibilidad ambiental del suministro energético han de añadir objetivos como, la seguridad o garantía del suministro, que hace referencia a la fiabilidad del mismo a la hora de satisfacer la demanda presente y futura; y la competitividad económica, equidad energética, en el acceso a la energía que debe producirse a un costo asequible.
En conclusión, “cambiar energías renovables, no sólo es la mejor opción. Es nuestra única opción”, y debido a esto existe la imperiosa necesidad de transformar los hábitos de consumo de la humanidad y que sean más eficientes en las actividades cotidianas.
La transición implica un cambio hacia un modelo energético limpio, una descarbonización de la matriz energética, la cual viene presentando bastante resistencia en Colombia y un cambio radical en el pensamiento colectivo. Ajus-tar políticas asertivas y convenientes a una estruc-tura colombiana que generen impactos positivos en la implementación de las energías alternativas, son algunos de los desafíos de esta transición por sus altos costos, la adopción de nuevas tecnologías juega un papel importante en el mejoramiento de la efi-ciencia energética, pero sin el interés del gobierno y las empresas privadas en su financiamiento sería imposible implementar una política acorde a las necesidades del país.
El esquema energético brindará oportunidades en todos los sectores del país, incentivando a nuevas inversiones y emprendimientos que desarrollen encadenamientos productivos capaces de satisfacer demandas y generar impactos en el desarrollo de la región, en lo económico, humano y lo más importante, en lo ambiental.