La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz reevaluar las condiciones de seguridad determinadas por la fuerza pública, para realizar operaciones de desminado humanitario en el municipio de Ituango, Antioquia.
El requerimiento del Ministerio Público se efectuó ante la presencia de minas antipersonal –MAP– y municiones sin explosionar en la zona, que han ocasionado graves afectaciones a miembros del resguardo Jaidukamá, del pueblo indígena Emberá Katío.
En oficio enviado a la oficina, el ente de control recomendó llevar a cabo un estudio de condiciones de seguridad en corregimientos y veredas de Ituango, a fin de priorizar e identificar áreas de riego en este municipio.
Además, la Procuraduría Delegada para Seguimiento al Acuerdo de Paz manifestó su preocupación al conocer que durante lo corrido del año se han registrado 18 víctimas de accidentes por artefactos explosivos en la comunidad Emberá Katío de los departamentos de Antioquia y Chocó.
También alertó que otra de las consecuencias que ha dejado la contaminación de MAP en estas dos regiones es el desplazamiento forzado masivo y confinamiento del pueblo indígena.
Ante la problemática la Procuraduría sugirió “revisar una estrategia que permita una intervención para la salvaguarda y protección del Pueblo Embera de los departamentos de Chocó y Antioquia, por supuesto con el concurso de otras entidades del Estado que tienen responsabilidades en materia de prevención y protección”.
Por último, el órgano de control propuso al Alto Comisionado para la Paz solicitar al Ministerio del Interior coordinar acciones interinstitucionales en el marco del Subcomité Nacional de Prevención y Protección, a fin de desarrollar una estrategia integral que permita proteger los derechos a la vida, libertad, seguridad e integridad de esta población.
