Después de eliminarse el control previo en las contrataciones hace 35 años, determinándose únicamente el control posterior, nuevamente se encuentra para conciliación, de Cámara de Representantes y Senado, la aprobación del proyecto de ley que revive el control previo en las contrataciones administrativas de entidades públicas.
La vigencia de la ley previene la omisión de acciones y operaciones, irregulares e ilícitas.
En adelante las ejecuciones contractuales iniciarán y terminarán con el visto bueno de la Contraloría, ejerciendo controles financieros de los recursos económicos destinados al objeto contractual de obras, servicios y bienes.
Los anticipos en contratos no podrán servir para fraccionarlos en favor de los mandatarios que negocia la adjudicación del contrato, ni utilizarlo para asuntos diferentes, al contratados, invirtiendo menos del 20% en el inicio de la obra, cuando debería ejecutarse por lo menos un 40% por diferencias de cálculos.
La autoridad fiscal verificará el cumplimiento de ejecuciones, parciales y compulsará copias, para efectos de investigaciones disciplinarias y penales, cuando no cuadren las cuentas y exista, renuencia del responsable, independiente de las causas o cargos de imputación que se originen de la Auditoría General de la Nación, que conjuntamente con la Contraloría intercederán en las contrataciones con recursos de transferencia nacionales, entre ellas las regalías.
¿Se acabarán los festines de quienes se despachaban en las ejecuciones de contratos, cambiando la destinación de la inversión e incumplimiento en los términos pactados para su culminación? Seguirá el vicio de las adiciones hasta el 50%, del valor del contrato?
Los interventores tendrán un alivio, se apoyarán con la Contraloría y Auditoría en lo relativo a prevención y cumplimientos específicos para no caer en corrupción. Podrían corregirse irresponsabilidad contractual con el retorno del control previo, que sería de mucha utilidad para mejorar la calidad del servicio público administrativo y comenzar a desmanchar las imágenes de los servidores públicos que tienen enlodada la administración pública.
Los nuevos alcaldes y gobernadores elegidos el 27 de octubre, deberán entender que en materia de contratación las cosas cambiarían para mejorar la administración. La contratación está sujeta a concurso de méritos, pero se adjudica y asignan a dedo por negociación al mejor postor. El incumplimiento de los requisitos e inconsistencias financieras o presupuestales, son circunstancias negativas que deben superarse.
La ley establece que los contralores municipales y departamentales deben escogerse por concurso de méritos. Lo que ocurre que en esta nación, la corrupción opaca los méritos, por eso estamos como estamos. Hablar de concurso de méritos es una farsa y un engaño. Con plata los puntajes de calificaciones comprados, sobrepasan los 90 sobre 100, en personas sin trayectoria, ni experiencia, descalificando de mal fe los méritos.
La ley tiene detractores de pesos pesados que torpedean la conciliación para frenar la aplicación tajante de inmediatez degenerativa, temor y desconfianza en los manejos operativos financieros y administrativos. Dios quiera que la ley no se queme en la boca del horno en beneficio de los corruptos.
El control previo lo suprimió el excontralor general, Rodolfo González (Q.E.P.D.) en el año 1983, cuando la coima por el contrario era del 3%. Hoy en día la dulzura o mermelada exigida, puede ser hasta del 30% de acuerdo a la cuantía y los ingredientes contractuales.
Estas circunstancias podrían enfrentar choques, entre quienes desconocen la vigencia de la ley, con quienes quieren continuar con el hábito de las viejas costumbres.
