La Fiscalía llamó a interrogatorio al representante legal de Centros Poblados y varias personas, para que respondan por el polémico contrato del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
El contrato –que fue cancelado la semana pasada– buscaba llevar internet a zonas rurales del país de 16 departamentos, por el cual se les entregó un anticipo de más de 70.000 millones de pesos en febrero de este año.
De acuerdo a BLU Radio, entre las razones del ente investigador para escucharlos en interrogatorio, está indagar sobre la garantía que supuestamente expidió el banco Itaú.
La cita fue programada para las 10 de la mañana de este viernes.
Cabe mencionar que, según el contratista, el recurso se encuentra invertido en equipos de telecomunicaciones, materiales de ferretería e infraestructura.