El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, presentó a la consideración del Congreso de la República el proyecto de Presupuesto General de la Nación 077 de 2018 para la vigencia 2020, aforándolo en la suma de $271.7 billones y lo ha calificado como “fiscalmente responsable”.
Grosso modo sus principales rubros son estos: funcionamiento $172.1 billones (63.3%), deuda $59.3 billones (21.8%) e inversión $40.4 billones (14.9%).
Los principales supuestos implícitos en este proyecto son los siguientes, soportados en el Marco Fiscal de Mediano Plazo –Mfmp– presentado por el Gobierno en el mes de junio: crecimiento del PIB del 3.6% en el 2019 y 4.1% en 2020, tasa de cambio de $3.132 por dólar en 2019 y $3.151 en 2010 e inflación de 3.4% y 3% para los años 2019 y 2020, respectivamente. Cabe preguntarse qué tan realistas y realizables en la práctica son estas premisas.
Al presentar oficialmente el Mfmp el ministro Carrasquilla manifestó que “la mejor política fiscal es un mayor crecimiento económico y esa es la gran apuesta del Gobierno”.
Y no le falta razón al ministro, de modo que si él pierde su apuesta de crecimiento del PIB, como lo sostiene la calificadora de riesgo Moody´s, ello “podría llevar a un menor recaudo tributario, que requeriría un mayor esfuerzo fiscal para continuar reduciendo el déficit del Gobierno”. Y, como es bien sabido, la meta de este es la de reducir el déficit del 3.1% del PIB a 2.4% en 2019 y llevarlo hasta el 1.6% en 2020. Para ello será menester un fuerte apretón del gasto, máxime cuando según el propio ministro el proyecto de presupuesto está desfinanciado en $8 billones.
No obstante, se ha ufanado el ministro Carrasquilla de contar con un “panorama fiscal despejado” y hace alarde de “sobre cumplir” la meta del déficit fiscal de 2.7% para el 2019, la misma que había fijado el Comité consultivo de la Regla fiscal, luego de flexibilizar la meta inicial de 2.2%, a pedido del ministro aduciendo la presión fiscal que significaba la avalancha migratoria de venezolanos. Claro está que, para mantener a raya el déficit fiscal del 2.4% del año anterior, se ha impuesto el Gobierno un ajuste fiscal sin precedentes de 0.7% del PIB al cierre de este año. Según el ministro Carrasquilla, de este modo obtendría al final de este ejercicio, por primera vez desde 2012, un superávit primario de 0.6% del PIB para el 2019 y de 0.7% para el 2020.
Dada la inflexibilidad inherente del PGN, que supera el 80%, el gran sacrificado es el rubro de inversión, 14.5% menor del monto inicial aprobado en 2019 ($46.8 billones), antes del “aplazamiento” de los $7 billones, es decir, $6.8 billones menos. Como lo sostiene Anif “este ha sido el costo fiscal tras el fracaso de la Ley de Financiamiento 1943 de 2018 en su intento de expandir la tributación del IVA a la tasa del 19%”. Y, lo que es peor, según Anif, “aún falta por evaluar el drenaje tributario del IVA del combustible del 19% al 15% (estimado inicialmente en un 0.3% del PIB)”.
Según el presidente de Anif, Sergio Clavijo, “el grueso del recorte fiscal va a reducir la formación de capital fijo público (carreteras, acueductos, energía), que del 2.2% del PIB en 2018 pasará a 1.4% en 2020, ese sí afectando el crecimiento” potencial. Preocupa sobremanera que la reducción del 80% del presupuesto asignado al Departamento Nacional de Planeación el próximo año, pasando de $360.000 millones a tan solo $75.888 millones. Ello estaría alineado con la propuesta frustránea en el trámite de aprobación del Plan Nacional de Desarrollo de quitarle el presupuesto de inversión a esta entidad y centralizar estos recursos en el Ministerio de Hacienda.
Un caso patético es el de los subsidios a los usuarios más vulnerables de los servicios de energía y gas. Según la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica, la suma apropiada para cubrir los subsidios de energía eléctrica y gas natural para la vigencia del 2020 es de $742.5 mil millones, que dista mucho de su requerimiento de $3.74 billones. La explicación del Ministerio de Hacienda estriba en que el Gobierno se propone racionalizar y focalizar dichos subsidios, pero mientras ello no se de la obligación del Congreso de la República es la de apropiar la partida necesaria y suficiente para cubrirlos, ateniéndose a la normatividad vigente.
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