La nueva directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –Icbf–regional Guajira, Yaneris Cotes Cotes, afirmó recientemente que para el mes de julio serían 88 unidades de servicio las que estarían beneficiando a la primera infancia y el regreso a la presencialidad de la atención en las Unidades Comunitaria de Atención –UCA– de la zona rural de Maicao, donde se brinda la atención de niños, niñas y madres gestantes, a través de modalidad propia e intercultural de la primera infancia.
Hay que recordar que esta modalidad de atención dentro de las comunidades indígenas se adoptan como un programa del Icbf en el año 2017 con el objeto de “garantizar el servicio de educación inicial, cuidado y nutrición a mujeres gestantes, madres en periodo de lactancia, niños y niñas en primera infancia en el marco de la atención integral, diferencial con pertinencia y calidad, a través de las formas de operación de la modalidad propia que permitan promover la garantía de derechos, la participación y el desarrollo integral de la primera infancia respondiendo a las características propias de sus territorios”, es decir su misión va más allá de mantener con vida a los niños con el suministro de pocos alimentos.
Dicho programa se desarrolla en espacios concertados con las comunidades que se han replicado a lo largo del territorio y que carecen de suficientes normas de seguridad y protección para la atención adecuada de los niños o sus madres dentro de las comunidades, ya que son espacios construidos por la comunidad y muchas veces las mismas carecen de algún tipo de recurso económico adicional para garantizar una construcción adecuada.
Parece ser que las entidades nacionales, apalancadas por el respeto de los espacios propios wayuú, se escudan en no prestar asesoría, acompañamiento e incluso mejoramiento de materiales para lograr construcciones de las UCA que ofrezcan las garantías necesarias para que los menores y sus madres se sientan protegidos, seguros y resguardados con todas las normas de seguridad.
Hoy los municipios del norte del Departamento se encuentran invadidos de construcciones precarias, inestables, inseguras e indignas desde donde se atiende el crecimiento y el desarrollo de la niñez wayuú.
Estamos hablando que el adecuado desarrollo de un niño es vital desde su concepción hasta los 5 años de edad y que es en esta etapa, donde se debe garantizar no solo un buen espacio de desarrollo, sino una nutrición que garantice que su cuerpo y cerebro de desarrollen de manera adecuada para que crezca dentro de los percentiles normales y para que sea un ser humano capaz de decidir el curso de su vida.
Sin embargo, en La Guajira, estamos lejos de garantizar, a través de los programas que ofrece el Icbf o el Gobierno, que esto sea posible de manera adecuada, suficiente y sostenible.
En el caso de las UCA, los niños inscritos y los cupos disponibles (máximo 40) no logran cubrir en su totalidad los requerimientos de la población infantil, ya que a través de ellos solo se registra el cumplimiento de capacidad y atención por mes que si analizamos de fondo no logra suministrar más del 100% de los requerimientos nutricionales que requieren los niños wayuú en este momento de crisis.
Esta crisis que ya lleva más de una década y que ha acumulado año tras año una cifra que aumenta con el paso del tiempo los casos de desnutrición departamental y que al día de hoy aportan el 26% del total de los niños que mueren por enfermedades relacionadas con desnutrición en el país.
Lo que estamos viendo en el Departamento es que los niños no están recibiendo la atención necesaria y lo único que se está logrando es mantenerlos con vida con una delgada línea entre el dolor y la muerte. Hasta el día de hoy no existe un tamizaje real sobre las condiciones de los menores atendidos en los programas que brinda las UCA, lo que no garantiza que efectivamente sean niños sin altos niveles de desnutrición.
Ofrecer paquetes nutricionales que no van más allá de un pequeño mercado de arroz, lenteja, pasta y azúcar, sin ningún tipo de supervisión o seguimiento, no garantiza que se esté cumpliendo con las órdenes mínimas contenidas dentro de la Sentencia, ya que un complemento nutricional suministrado sin seguimiento no logra tener impacto en los indicadores de base expuesto en el documento jurídico y el cual se debió alcanzar en los meses siguientes a su divulgación.
Tanto padres de familia, como maestros y las mismas autoridades y líderes de las comunidades, afirman que es hora de que se le garantice a los niños por lo menos 1 comida completa que les brinde los nutrientes necesarios mientras se articula el plan de acción y las rutas para garantizar no solo una seguridad alimentaria, sino una soberanía alimentaria que permite que los niños wayuú sigan con vida.
Mientras esto ocurre, el Gobierno nacional y la dirección del Icbf deberán estudiar cambios pertinentes en este programa implementado desde el 2017, y que para esta época y dadas las condiciones de pobreza por las que atraviesa la población del Departamento se ha vuelto insuficiente para las demandas y necesidades de la población infantil.
De manera adicional, se necesita una visita que compruebe el estado de las unidades comunitarias de atención antes de su reapertura presencial y un tamizaje que evidencie el impacto real de la población beneficiada por este y otros programas que intentan mitigar el hambre en La Guajira.
Fuente: Veeduría Ciudadana para la Implementación de la Sentencia T-302 de 2017.
