Alfredo Deluque Zuleta, coordinador ponente del proyecto en la Cámara de Representantes que crea funciones jurisdiccionales a la Procuraduría General de la Nación y de la cual ha recibido las críticas por parte de los congresistas que están en oposición, defendió la iniciativa que a juicio de sus detractores va en contra de lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que garantiza los derechos políticos a quienes fueron elegidos por voto popular.
Según Alfredo Deluque Zuleta, presidente de la Comisión Primera Constitucional de la Cámara de Representantes y coordinador ponente de la iniciativa, lo que realmente a la CIDH le molesta es que “en Colombia se tenga un sistema inquisitivo en materia disciplinaria”.
Por lo anterior, el congresista aclaró que la iniciativa que él impulsa realmente busca es darle una mayor independencia a los procesos disciplinarios que se adelanten en el país contra los funcionarios elegidos por votación popular.
“Lo que se hace es dotar de independencia a dos procesos o dos etapas diferentes del mismo proceso, es decir, una etapa investigativa que va a ser llevada a cabo por unos funcionarios, y una etapa de juzgamiento luego de realizar la acusación que va a ser llevadas por otros muy diferentes, con una novedad muy diferente que es que la sala especial de juzgamiento que se crea para los funcionarios elegidos por voto popular no va ser electa a través de ternas como se acostumbra, va a ser conformada por méritos, es decir, que es un concurso público en el que va a poder participar cualquier persona que cumpla unos requisitos mínimos”, dijo el representante Deluque.
Dicha sala terminará conformada por los tres mejores candidatos del concurso público, que no tendrá intervención de dirigentes políticos o funcionarios de la Procuraduría u otra corporación.
Deluque destaca que la nueva norma fue diseñada de manera consecuente con la actual crisis económica del país y por eso incluye un artículo que le permite a la Procuraduría asumir sus nuevas funciones con la misma planta de personal que tiene actualmente, repartiendo las cargas de las nuevas tareas entre los funcionarios del Ministerio Público, permitiendo así que el Estado no gaste más contratando a nuevo personal. En caso de que se requiera de nuevo personal, este se elegirá por mérito público y dependiendo de la disponibilidad fiscal del Gobierno en ese momento dado.
Cabe mencionar que la reforma a la Procuraduría aprobada por el Congreso ha sido duramente criticada desde la rama judicial, especialmente por el Consejo de Estado, donde consideran que el Ministerio Público asumirá funciones de juzgamiento que no le competen y que además la nueva ley no pasaría el filtro de la Corte Constitucional.
Sobre estos repartos, el representante Alfredo Deluque respondió que con la reforma, el propio Consejo de Estado tendrá la facultad de revisar y determinar si los fallos emitidos por la Procuraduría se acogen a la ley, lo que ofrece más garantías a los procesos adelantados desde ese organismo de control, pues finalmente será ese tribunal el que defina si un funcionario electo por voto popular es sancionado de acuerdo a lo decidido por la Procuraduría en sus procesos.
