La aprobación del Proyecto de Ley 365 de 2020 de Transición Energética, aprobada en las comisiones quintas conjuntas de Senado y Cámara, podría afectar la participación ciudadana, la consulta previa y la autonomía territorial. Así lo expresó el senador de la Alianza Verde, Jorge Eduardo Londoño.
Explicó, que el articulo 31 extiende el concepto de declaratoria de utilidad pública, para garantizar el servicio de energía eléctrica a todas las fuentes de energía (hidroeléctricas, termoeléctricas, hidrogeno, solar, eólica), lo que considera grave por cuanto exime a los proyectos energéticos de exigencias ambientales y de procesos de participación, además vulnera la autonomía territorial.
Precisó además, que aparentemente se reconoce la importancia de incluir nuevas fuentes de energía (no dependientes de combustibles fósiles), pero los artículos que obligan a regularlas no contemplan enfoques y garantías en protección ambiental y en derechos humanos.
La líder social, del municipio de Maicao, Mara Ortega, expresó su preocupación sobre el tema, toda vez que los territorios productores y La Guajira, que son el de mayor impacto, no son tenidos en cuenta para su inclusión en el proceso de desarrollo que pueden traer esas apuestas, y por el contrario el impacto paisajístico, la inequidad y la exclusión laboral serán las cargas que dejen los proyectos desarrollados en el territorio.
Además, que el mensaje de urgencia que dio el Gobierno Nacional al trámite, dejó a La Guajira prácticamente fuera de toda posibilidad de mejorar la norma a su favor.
La líder considera, que la oportunidad que le queda a La Guajira, es realizar un fuerte lobby en el Congreso, para conseguir aliados que respalden las propuestas que se hicieron, como por ejemplo que queda claro el tema de territorios indígenas frente a la declaratoria de utilidad pública.
