Sigue rondando la preocupación en los ingenieros y arquitectos de La Guajira, porque la construcción de la nueva cárcel en Riohacha, no estará generando empleo para los profesionales de esas áreas, igual está sucediendo con otros proyectos como los de energía eólica.
Los pliegos de condiciones se amarraron de tal manera, que muy difícilmente estará generando trabajo para ese grupo de profesionales, como para la mano de obra calificada y no calificada, también golpeados por la pandemia.
Este medio de información sigue alertando la situación, esperando que el Gobierno departamental haga causa común con los afectados para buscar alternativas a semejante despropósito.
Situaciones como esta, es lo que genera malestar e inconformidad en la comunidad que al final debe hacer uso de las vías de hecho para que se les tenga en cuenta.
No es justo, ni se puede entender cómo la construcción de una cárcel se condicione tanto que no beneficie a los profesionales de un departamento en donde el nivel de desempleo es alto, cuando desde el Gobierno nacional se está promoviendo la famosa reactivación económica.
El tema es muy complejo, porque se está frente a un proyecto en donde se invertirán 181 mil millones de pesos, con capacidad para 1.500 reclusos, contará con siete pabellones de los cuales uno será para población indígena y otro para mujeres gestantes.
La obra prevista para arrancar en este primer semestre del 2021, ya tiene un retraso, su tiempo de ejecución quedó definido entre 18 y 20 meses.
El proyecto fue adjudicado por la Unidad Especial de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, Uspec, al Consorcio Eron La Guajira, conformado por partes iguales por las empresas Varela Fiholl y Compañía SAS y A Construir S.A.
Desde este medio seguimos llamando la atención del Gobierno departamental, del Ministerio de Justicia, y de los representantes a la Cámara, para que analicen el tema pues se está ante un contrato amarrado que deja sin capacidad de maniobra a los profesionales de La Guajira.