El Tribunal Contencioso Administrativo de La Guajira admitió una acción popular presentada por el procurador Judicial Administrativo, Edwin López, contra el Distrito de Riohacha, el Concejo, la Sociedad Aguas de La Guajira E.S.P., Fiduciaria la Previsora SA, y Fiduciaria de Occidente, para que se amparen los derechos colectivos a la defensa del patrimonio público, la moralidad administrativa y la libre competencia económica.
El procurador solicitó que se declare la ineficacia de la cláusula 7.3 del contrato estipulaciones que rigen la operación rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado entre Riohacha y la Sociedad Aguas de La Guajira (ahora Asaa SA ESP), porque estaba sujeta a una condición suspensiva de la cual pendía su vigencia.
Es decir, el hecho de que el ejecutivo distrital presentara al Concejo para su aprobación el proyecto de acuerdo que lo autorizará para comprometer vigencias futuras, y su pignoración a favor del patrimonio autónomo hasta el último año de ejecución del contrato, y como dicha condición nunca se verificó, porque el acuerdo en ningún momento fue presentado, no podía exigirse su observancia y consecuentemente pignorar y efectuar las transferencias al mencionado patrimonio.
El procurador Judicial Administrativo amparó su denuncia en el artículo 144 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo que tiene que ver con la protección de los derechos e intereses colectivos.
Por su parte, el Tribunal Contencioso Administrativo también vinculó a la Contraloría General de la República y a la Contraloría Departamental de La Guajira. Se corrieron 10 días para que las entidades demandadas, vinculadas y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, ejerzan su derecho de contradicción, aporte y soliciten la práctica de pruebas que pretenden hacer valer, advirtiendo que la decisión será proferida dentro de los 30 días siguientes al vencimiento del término del traslado.
Cabe anotar que el documento lleva la firma de la magistrada Carmen Cecilia Plata Jiménez.
