La Guajira se encuentra sitiada por las demandas electorales. Calculamos que más del 70% de las elecciones en este departamento han pasado por el rasero de los generadores del caos administrativo, que satisfacen a los cazadores de demandas, pero que al final intranquilizan a una comunidad, ya que aparte de afectar y traumatizar a una administración y el desarrollo de las obras, le genera fatiga a las personas de bien que quieren que esto salga adelante.
Por el rasero de los demandantes han pasado los diputados de La Guajira en donde el Tribunal Contencioso Administrativo profirió sentencia de primera instancia negando las pretensiones de la demanda; la elección del gobernador Nemesio Roys Garzón se encuentra para fallo ante el Consejo de Estado por una demanda por presunta doble militancia; la elección de la mayoría de los alcaldes no ha sido ajena a las impugnaciones. Tanto que el de Manaure, Juan José Robles Julio y el de Fonseca, Hamilton García Peñaranda, ya fueron notificados de la suspensión de sus credenciales; mientras que en Villanueva ya se está hablando del proceso de revocatoria del alcalde Alberto ‘Beto’ Barros, por circunstancias y argumentos que se le respeta al demandante.
Los concejales y los personeros de cada uno de los municipios no han tenido vida tranquila, pues aún se encuentra enredada la elección de los personeros de Villanueva y San Juan del Cesar, aunque los de los otros municipios ya se conocen fallos que les favorece a su continuidad.
Cada proceso no deja de preocupar a la población, aumentando la incertidumbre política local y departamental con consecuencias incalculables que nacen en lo público, pero que repercuten en lo privado. Nosotros somos del criterio que más allá de las resoluciones judiciales, predomina en La Guajira la sed de venganza política, el hambre por hacerle daño al contradictor y el apetito por generar en el Departamento el caos administrativo.
Para nadie es un secreto que desde hace muchos años nuestro departamento hace parte del laboratorio jurídico del país, convirtiéndonos en expertos juristas del Derecho electoral con fallos en favor o en contra de los intereses de los aspirantes, del electorado y de nuestra región, tanto que con los fallos de La Guajira se han emitido doctrinas y jurisprudencias que han contribuido al estancamiento administrativo, pero también han cambiado el ordenamiento jurídico en materia electoral.
Observamos que el caos administrativo está a punto de tomarse nuevamente la tranquilidad política de la que habíamos disfrutado por corto tiempo; solo le pedimos a Dios le aminore el fuego que predomina en el corazón de los demandantes y que reine la paz en nuestra península.