A la Universidad de La Guajira la bandearon con la apropiación y robo de las regalías, que a través de ella se financiaba la gratuidad a los estudiantes que hoy en día representan $30 mil millones anuales. Al Departamento le ha tocado asumir de sus ingresos propios la carga económica, pero a la vez, presionados con protestas populares y embargos de cuentas que tienen a la administración funcionando a media marcha.
Si las regalías fueron cercenadas y centralizadas, ¿por qué el Gobierno nacional que recibe regalías por las explotaciones de carbón e hidrocarburos, no destina una partida para a la financiación académica de investigación y adecuación, de medios e instrumentos de labores?
No es de buen gusto las manifestaciones de estudiantes y profesores contra la administración departamental, cuando esta es otra víctima de las perversas acciones de Gobierno nacional contra los territorios mineros, departamentales y municipales.
Gobernadores y diputados se esfuerzan y sacrifican para paliar y abonar hasta el máximo posible para transferirle a la Universidad de La Guajira de los pocos recursos recaudados en los tributos de libre destinación. De ahí es fácil deducir el incumplimiento del Departamento con la Uniguajira, que no es que se las niegue, sino que no cuentan con la disponibilidad ni existencia de recursos económicos para girarlo.
La administración departamental sufre los bloqueos originados por los embargos ordenados para apropiarse de los dineros depositados en las cuentas de destinación específica exentas de ser embargadas.
La carga económica del Departamento no es posible sanearla con pagos parciales de ingresos propios, conllevando a forzar al Departamento a acogerse a la Ley 550, de lo contrario en el próximo período de gobierno, no habrá cómo emparapetar el funcionamiento estable de las dos entidades.
La aplicación de la Ley 550 golpea fuertemente a la Universidad. No podemos dejar al alma máter superior de La Guajira en abandono. La Uniguajira necesita con urgencia enseñar y formar a los jóvenes profesionales y técnicos en emprendimientos productivos para el desarrollo. De ahí que se hace necesario que parlamentarios, Alfredo Deluque y ‘Tina’ Soto, conjuntamente con el gobernador, diputados, alcaldes y director de Cámara de Comercio, acuerden citas con la presidencia y los Ministerios de Educación, Planeación y Hacienda, para que les pongan de presente la problemática que vive la Uniguajira con la administración departamental, en procura de que se les consigan los recursos de financiamiento y terminen los roces injustificados por exaltaciones emocional y protestas.
El proyecto de ley que nacionaliza la Universidad de La Guajira fue aprobado en el trámite formal de Cámara de Representante y Senado, pero la ley fue objetada por el presidente Juan Manuel Santos y regresó nuevamente al Congreso. Tanto el Senado como la Cámara de Representantes rechazaron las objeciones del presidente sobre la ley de nacionalización de la Universidad, remitiéndola al presidente de la República para la sanción y promulgación, pero este a la vez se negó y las envío a la Corte Constitucional, que a la fecha, aún no ha proferido fallo sobre la referenciada ley.
Los representantes del departamento de La Guajira deben informarse del proceso judicial e incidir a efecto de que se agilice el trámite que pueda beneficiar a la Universidad.
Tengo conocimiento de que se presentó un proyecto de reforma a las regalías, con la coautoría del representante por La Guajira, Alfredo Deluque Zuleta, que de prosperar, garantice recursos para que la Universidad estabilice el funcionamiento que hoy lo está asumiendo el Departamento. Con la nacionalización, recaudos de estampillas y aporte de regalías para Uniguajira, resultaría un alivio para la peninsula que está en bancarrota.
