Una nueva denuncia se formuló contra la empresa Cerrejón, por los daños causados a las comunidades indígenas, afro descendientes y campesinas del departamento de La Guajira.
En esta oportunidad la denuncia fue ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico –Ocde–, por parte de la organización irlandesa Global Legal Action Network –GLAN–, apoyada por la agencia internacional de desarrollo Christian Aid, la organización regional Aida y las organizaciones nacionales de Derechos Humanos Cinep/PPP y Cajar, quienes de manera simultánea radicaron tres quejas.
Los señalamientos fueron radicados ante los puntos nacionales de contacto de la Ocde, en Irlanda, Reino Unido, Suiza y Australia, dando cuenta de los distintos impactos que ha generado la explotación del carbón por parte de Cerrejón en detrimento de la vida y los derechos humano de las comunidades asentadas en el área de influencia del proyecto.
De acuerdo a los demandantes, la primera queja fue en contra de la ESB (Electricity Supply Board), una empresa estatal irlandesa que compra carbón de Cerrejón. La segunda queja, en contra del CMC (el Coal Marketing Company) de Cerrejón, que tiene su sede en Dublín, y la tercera en contra de las sociedades multinacionales mineras dueñas del Cerrejón BHP, Angloamerican y Glencore.
Las quejas se enmarcan en una estrategia integral de defensa de los derechos humanos a la salud y al ambiente sano emprendida por las organizaciones que por años han venido acompañando los procesos de defensa territorial y de denuncias lideradas por comunidades wayuú y afrodescendientes impactadas por décadas de operación carbonífera en su territorio.
La exigencia de la responsabilidad empresarial es apremiante ante los recientes anuncios de las sociedades matrices de poner en venta sus acciones sin que se tengan claridad de sus históricas deudas, compromisos y obligaciones en materia de derechos humanos en el país.
Jenny Paola Ortiz del Cinep considera que: “En La Guajira las comunidades wayuú y afrodescendientes se están disputando el derecho a la vida frente al etnocidio y ecocidio que están viviendo resultado de la actividad minera. En diversas investigaciones y fallos judiciales se ha demostrado la sistemática violación de derechos: más de 25 comunidades han sido desplazadas, confinadas y despojadas de sus territorios ancestrales, se han contaminado y desviado más de 17 arroyos tributarios del Ranchería (único río del departamento) y existen abusos de poder y asimetrías entre la empresa y las comunidades”.
De acuerdo a los demandantes, la operación minera desarrollada por la empresa Carbones del Cerrejón en La Guajira se ha dado de manera continua en detrimento de los derechos de las comunidades étnicas, desconociendo los estándares internacionales ambientales aplicables a este tipo de operaciones y en sistemático incumplimiento de las sentencias judiciales que han reconocido la responsabilidad de la empresa y el Estado ante los alegatos de violaciones a derechos hechas por las comunidades.
Para Rosa María Mateus del Cajar: “Si no se logró cuestionar los impactos de la imposición de esta mina, es necesario que se haga una evaluación tanto de la conducta empresarial como de los pasivos ambientales y sociales que han dejado estas empresas antes de su salida del país para evitar que se consoliden escenarios de impunidad corporativa”.
Dichas operaciones, también han profundizado la vulnerabilidad del territorio ante la actual crisis climática dada su contribución al mercado y quema de carbón, uno de los minerales con mayor incidencia en el calentamiento global.
Por su parte Liliana Ávila, abogada senior de Aida señaló que “este tipo de reclamaciones evidencian la importancia de considerar los impactos climáticos que conlleva la minería de carbón en Colombia, tanto a nivel territorial como en su contribución a las emisiones globales.”
Expresan además que con las quejas buscan que las empresas domiciliadas en Irlanda, suspendan sus relaciones comerciales con la empresa Carbones del Cerrejón dada su responsabilidad en violaciones a Derechos Humanos; que las casas matrices de Cerrejón reconozcan su corresponsabilidad en el marco de los hechos denunciados y que todas las empresas involucradas, según su grado de responsabilidad, emprendan acciones de remedio y de restauración ambiental, en el marco de la debida diligencia y de la obligación de respeto de los Derechos Humanos.
Adicionalmente, buscan visibilizar la situación de las comunidades afectadas por las operaciones de la empresa y sobre todo, generar las condiciones necesarias para que cese la violación de los derechos de las comunidades en La Guajira y así promover el avance hacia una transición justa, participativa y progresiva en el territorio.
La empresa
En un comunicado de prensa Cerrejón responde que “ha conocido que varias ONG, incluidas Christian Aid Ireland –CAI– y Global Legal Action Network –Glan–, han presentado quejas ante los Puntos Nacionales de Contacto –PNC– en Irlanda, Reino Unido, Suiza y Australia, alegando violaciones de Derechos Humanos por parte de Cerrejón y sus accionistas, así como indirectamente por parte de sus clientes, en contravención de las directrices de la Ocde sobre Conducta Empresarial Responsable.
Las ONG no contactaron a Cerrejón antes de presentar sus quejas en los PNC. Una vez hayamos revisado sus preocupaciones, responderemos en detalle. Cerrejón está comprometido con operar en estricto cumplimiento de la legislación y fallos judiciales colombianos, así como de los estándares y recomendaciones internacionales sobre derechos humanos y medioambiente.
Cerrejón está en permanente contacto con las comunidades aledañas a la mina. Tenemos un gran número de compromisos en vigor, acordados con las mismas comunidades, para abordar pasivos de manera acorde a los requerimientos de los estándares internacionales actuales y que también buscan responder a las expectativas de las comunidades para el futuro. Teniendo en cuenta las numerosas comunidades implicadas y la complejidad de la región, esto supone tener que responder a intereses y visiones diversos, ya que las posiciones dentro de las comunidades no siempre están unificadas. Nuestras acciones de consulta y de relacionamiento van más allá de los requisitos establecidos en la ley colombiana y corresponden al compromiso de Cerrejón de atender y responder a las preocupaciones de las comunidades”.
En este sentido, nos gustaría resaltar lo siguiente:
- A lo largo de nuestros 30 años de operación hemos adoptado, según se han ido estableciendo, estándares sociales, ambientales y de derechos humanos, demostrando siempre nuestro compromiso, sin reservas, con los estándares internacionales. Este compromiso está incorporado en nuestra política de DD.HH que se alinea con los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas (PRNU), así como en nuestra Política de Gestión Social. Como parte de este proceso, y además de nuestro cumplimiento de las leyes y regulaciones colombianas, implementamos estándares como los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos, los estándares de desempeño de la Corporación Financiera Internacional y los Principios y Declaraciones de Posición del Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM), entre otros. Además, contamos con un sistema de cumplimiento basado en auditorías internas y externas.
- Cerrejón ha realizado dos Evaluaciones de Riesgos e Impactos en Derechos Humanos, en 2011 y 2016, realizadas por terceros expertos. A principios de 2020 iniciamos un nuevo proceso que se postergó debido a la emergencia del Covid-19 el cual se reanudará este año. Las dos primeras evaluaciones condujeron a planes de acción destinados a fortalecer nuestras medidas de prevención y mitigación. Las evaluaciones contaron con la participación de un amplio grupo de partes interesadas, incluidas las comunidades locales. Los resultados se compartieron, según lo recomendado por los PRNU, con las autoridades y las comunidades para recabar sus comentarios y recomendaciones sobre el mejoramiento de la gestión.
- El mecanismo de quejas de Cerrejón (Oficina de Quejas), operativo desde 2010, fue diseñado bajo el marco de los PRNU, como parte del proyecto piloto para implementar mecanismos de quejas basados en derechos liderado por el exrepresentante Especial para los Derechos Humanos y Empresas del secretario General de Naciones Unidas, John Ruggie.
Cerrejón está dispuesto a colaborar con los Puntos Nacionales de Contacto y facilitar toda la información que se le requiera. Adicionalmente, les invitamos a visitar la mina en La Guajira, cuando les sea posible considerando las limitaciones que impone la pandemia, para conocer de primera mano la operación y comprender el contexto y los desafíos a los que nos enfrentamos.
