La Guajira cerró el 2020 con uno de los peores en materia de morbimortalidad infantil por desnutrición, muy a pesar de que la Sentencia T-302 de 2017 ordenó a las entidades nacionales, departamentales y municipal, construir una política pública que llevaría a estructurar planes de acción para reducir, por lo menos a la media nacional las tasas de morbimortalidad infantil por causas asociadas a la desnutrición.
Tres años después, en lugar de reducirlas, ellas se han disparado y ampliado la brecha entre la nación y La Guajira, si se tiene en cuenta los reportes de la Secretaría de Salud del Departamento de La Guajira a semana 50 y el Instituto Nacional de Salud a semana 52 de 2020.
Los casos de mortalidad por desnutrición cuya tasa por cada 100.000 niños menor de 5 años en el año 2017 estaba en 36,49 (37 casos), para 2020 subió a 46,26 (52 casos), 11,88 puntos incluso por encima que la del 2019 (38 casos) y 8,6 veces más alta que la tasa promedio nacional que es la meta a alcanzar.
En materia de desnutrición aguda severa, se observó un descenso en el número de casos, mientras en 2019 se identificaron y trataron 1.578 casos y en 2018 un total de 1.682, para el año 2020 esta cifra se redujo a 1.121, lo que podría significar una muy buena noticia, sin embargo, la percepción no es esa. Con la declaratoria de la pandemia por Covid-19 desde marzo del año pasado, las comunidades, los funcionarios del sistema de salud y los operadores de Icbf entraron en aislamiento obligatorio y preventivo, dejando de llegar a las comunidades indígenas wayuú y por lo tanto se dejó de identificar el estado nutricional de los niños menores de 5 años.
Los subregistro de La Guajira
En un derecho de petición elevado por la Veeduría a la Sentencia T-302 de 2017, el Instituto de Bienestar Familiar informó que el seguimiento que se estaba haciendo a las condiciones de desnutrición en los territorios étnicos la era vía telefónica, cosa difícil de creer, porque sabemos que la mayoría de familias wayuú en la zona rural no tienen teléfono celular ni fijo y en muchas subregiones ni siquiera hay señal de telefónica. Independientemente del subregistro que se presenta en las cifras reportadas para el 2020, por cada 100 niños guajiros, 1 sufrió desnutrición aguda severa durante el pasado año, siendo el porcentaje más alto el de Uribia donde la cifra fue de 1.5 por cada 100 niños.
En La Guajira se acentúa el subregistro y lo peor es que nada se hace por cambiar esta realidad. El Dane durante Censo 2018 indagó sobre la muerte de niños en las comunidades y sí se había expedido el acta de defunción respectiva.
Estos datos permiten identificar, visibilizar y entender los niveles de subregistros (muertes por toda causa, que incluye desnutrición, EDA e IRA) no contabilizadas en los sistemas de información oficiales, y que por lo tanto, no ingresan a las estadísticas que permiten medir el cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017.
La gestión de la intervención
Teniendo en cuenta otras variables que se miden por parte de la Secretaría de Salud a través del mapa epidemiológico departamental, para el 2020 la tasa de mortalidad materna (casos por cada 1000 nacidos vivos) tampoco presentó mejoría, siendo de 170,9 casi igual a la observada en 2017 (175,37). Para los casos de muertes por EDA e IRA en niños menores de 5 años (casos por cada 100.000), la tendencia tampoco es esperanzadora, la tasa de mortalidad por IRA se ubicó en el 2020 en 27,5, siendo Barrancas, San Juan y Maicao los municipios que presentan las más altas en relación con a EDA, se muestra una tasa de 27.6 y en municipioscomo Albania, Dibulla y Uribia las cifras se hacen críticas.
Basados en estos datos, podemos concluir que en La Guajira la oficina interventora del sector salud, quien por disposición del Gobierno Nacional administró el sistema de salud desde 2016 y una gran parte del 2020, no logró mayores mejoras en la prestación de los servicios básicos de salud y no contribuyó a consolidar una gestión con asignación de recursos adicionales para atender a la población vulnerable como se señala en la Sentencia.
En este sentido, las poblaciones con los mayores riesgos en salud, entre ellas, los indígenas y los niños, son las que llevan la peor parte y se encuentran pagando el precio de un sistema ineficaz e incapaz de entender el territorio y ni cómo intervenirlo para garantizar los derechos fundamentales como es el derecho a la vida y al bienestar, en aras de cumplir las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles.
El déficit de derechos existentes en los niños wayuú y sus comunidades en vez de disminuir con las acciones de los gobiernos, se ha incrementado, y se han vuelto aún más incidentes por la pandemia del Covid-19, que ha conllevado al aislamiento obligatorio y preventivo, limitando el acceso de las comunidades al agua, alimentos y servicios de salud.
La Superintendencia de Salud en un informe de diciembre de 2020, estableció que en La Guajira se siguen acentuando la muerte de niños a causa de la desnutrición, lo que evidencia el bajo impacto de las acciones puntuales y desarticuladas de las entidades conminadas en la Sentencia.
Los nubarrones del 2021
A pesar de los procesos de apropiación y del desarrollo de capacidades regionales en torno de implementar la Sentencia, se percibe un alto desconocimiento de la misma por parte de los funcionarios públicos y falta de interlocución efectiva con las autoridades y organizaciones indígenas. La respuesta institucional sigue siendo reactiva y defensiva y sin la argumentación, efectividad, calidad y sostenibilidad requerida por la Corte Constitucional.
En la actualidad La Guajira se desarrolla en un contexto de múltiples falencias, la Sentencia T-302 de 2017 es una oportunidad que apunta a eliminar esas brechas que generan inequidad y que vulneran derechos, pero no se ha logrado entender y mientras tanto se mueren más niños.
El 2021 luce como el año de estabilización pos emergencia de salud y la atención de los ciudadanos se centra en la disponibilidad de las vacunas, el grado de efectividad y la masificación de la inoculación contra el Covid-19.
El plan de gestión de la vacuna ha generado muchas dudas a nivel nacional, por la falta de transparencia sobre los contratos para su adquisición y distribución. Igualmente, sobre cómo se aplicaría a poblaciones apartadas, rurales y especialmente indígenas. No se conocen fechas, la logística a usar, las estrategias para poder llegar a todas las comunidades del país y menos a La Guajira.
Todo parece indicar que en el mediano plazo las comunidades indígenas seguirán confinadas y como ha ocurrido con el servicio de agua potable, nutrición, oportunidad en la salud y participación en el marco de la Sentencia T-302 de 2017, también pasará lo mismo con las vacunas.
Fuente Veeduría Ciudadana a la Implementación de la Sentencia T-302 de 2017
