Para el 2022 el Gobierno nacional plantea que inicien operaciones los primeros parques eólicos en el territorio de la Alta y Media Guajira, contando que para el 2031 ya se tengan con 65 parques con más de 2.500 torres con aerogeneradores.
El Gobierno nacional adjudicó en 2019, a través de subasta, siete proyectos eólicos con una inversión superior a siete billones de pesos. Esas iniciativas se trabajan desde el Ministerio de Minas y Energía, en medio de algunas confrontaciones en comunidades indígenas, de llamados de atención por parte de la Procuraduría General de la Nación, y de oposición por varias organizaciones sociales.
Sobre el tema, el gobernador de La Guajira, Nemesio Roys Garzón, planteó que se escribe un capítulo aparte en la historia del Departamento, que contrasta con temas tan fundamentales como las dificultades de las comunidades para acceder al servicio de agua potable.
Sin embargo, argumentó que esos grandes proyectos que se van a montar en La Guajira, deben generar desarrollo social y empleo, y se debe estar atento para evitar que se produzca energía y las comunidades queden a oscuras.
“No nos puede pasar lo que pasó en una época donde el corregimiento de El Pájaro teniendo a Chuchupa al frente, duró 20 años sin gas”, dijo.
Acotó que los retos son enormes, pero que se ha venido trabajando desde hace varios meses con el Gobierno nacional a través del Ministerio de Minas y Energía para que los proyectos realmente sean de beneficio para todo el Departamento.
Expresó que confía en que las iniciativas se ejecutarán de manera articulada, respetando el diálogo con las comunidades, y las consultas previas que deben desarrollarse.
“En estos procesos se debe respetar de verdad la cultura wayuú, que le genere beneficios para que logren mejorar su calidad de vida, al tiempo que se necesita de mucho apoyo y de mucha vigilancia”, expresó.
En ese mismo sentido, el gobernador señaló que es fundamental lograr esa inversión para el Departamento para que el desarrollo sea integral.
Agregó que las empresas deben prepararse para convertirse en proveedores de las nuevas empresas que desarrollarán los proyectos eólicos, además ser exigentes en el sentido de que se genere empleo para la comunidad. “Sabemos que tienen que traer ingenieros, personal especializado, pero hay otra mano de obra que perfectamente la puede ofrecer el Departamento”, acotó.
Roys Garzón informó también que con el Servicio Nacional de Aprendizaje –Sena– y el Ministerio de Minas, se trabaja para poner en marcha el Centro de Formación de Energías Renovables, que será un ejemplo para todo el país.
Reacciones
A través de diferentes medios de comunicación, Indepaz recordó que los 65 parques eólicos estarían ocupando cerca de 90.000 hectáreas de los cuales el 98% se encuentra en territorio de comunidades wayuú.
De acuerdo a la organización, los proyectos impactarían a 600 comunidades étnicas de los más de 30 clanes existentes, además que de acuerdo a una serie de investigaciones realizadas en terreno, las familias wayuú desconocen la magnitud de los proyectos.
“Detectamos que el Gobierno nacional no les ha informado con claridad a las comunidades sobre lo que está en juego. Las compañías llegan directamente al territorio, ubican el sitio donde quieren construir el parque y comienzan a relacionarse con las rancherías”, señaló Joanna Barney, investigadora de Indepaz.
Agregó que el Ministerio del Interior solo se ha dedicado a expedir los certificados en los que les informan a las empresas sobre las comunidades indígenas presentes en el territorio.
Añadió también que “las comunidades se ven abocadas a enfrentar solas a grandes monstruos (empresas), sin ninguna asesoría. Les piden que los dejen instalar unas antenas y que a cambio les dan lo que ellos quieran, y la gente como no sabe sobre la dimensión del asunto, termina aceptando”.
A la investigadora también le preocupa que en materia de regalías no exista una normatividad que regule las fórmulas de pago a las comunidades y, más aún, en términos de un recurso renovable como el viento.
“A la gente la están tramando diciéndoles que van a crear fondos de proyectos, manejados por las mismas empresas”, resaltó. Advirtió que se están aprovechando de las comunidades, a partir del velo de desinformación existente. “Si no hay claridad y el Gobierno sigue regulando esto de forma desordenada, esta oportunidad de oro terminará generando un desastre para esa región”, sostuvo.
Un estudio del Centro de Pensamiento Guajira 360°, establece que de acuerdo al plan de expansión de generación de energía eólica diseñado por la Upme, se estima que en los próximos 5 años La Guajira aporte el 13% de la energía en la matriz de generación nacional, con una producción posible de 3.131 MW.
Puntualizó que con la aprobación y aplicación de la Ley 1715 de 2014, que regula la integración de las energías renovables no convencionales al Sistema Energético Nacional, se vienen creando incentivos para los inversionistas, que han incrementado las expectativas en el Departamento en este sector. De acuerdo a la Upme, en La Guajira se llevarán a cabo 9 proyectos nuevos con capacidad para generar 1.160 MW, (Ver tabla 2). Isagen es la empresa con el proyecto de mayor generación, el cual se localizaría en Maicao con el Parque Eólico Guajira II el cual generará 376 megavatios, es decir, el 32.4% de los proyectos autorizados.
Los retos
Para aprovechar todo el potencial eólico que tiene esta región del norte colombiano, se requiere superar diferentes obstáculos, puntualiza el Centro de Pensamiento Guajira 360°.
Además, que el Gobierno nacional tiene la responsabilidad de reglamentar la Ley 1715 de 2014 para darles seguridad jurídica a los inversionistas.
Igualmente, está pendiente el cumplimiento de las obras en infraestructura de interconexión de las empresas generadoras al Sistema Interconectado Nacional –SIN–. Si bien se anunció la construcción de las líneas de interconexión de energía, su ejecución dependerá de la capacidad definitiva a conectar al sistema, por lo cual la Upme ha hecho un llamado a los distintos promotores de proyectos de generación eléctrica en La Guajira para que manifiesten su interés en la ejecución de los mismos.
Plantean que en La Guajira, el ordenamiento y el uso del territorio son cruciales para facilitar una estrategia de inclusión comunitaria durante el desarrollo de las iniciativas y proyectos en consistencia con el artículo 15 del Convenio 169 de OIT.
Los territorios con alto potencial eólico se encuentran ubicados en el resguardo indígena wayuú de la Alta y Media Guajira, y para su funcionamiento se requiere el procedimiento de la consulta previa.
Entre las alternativas aplicadas para trabajar en armonía con las poblaciones, se encuentra un modelo de sociedad, donde comunidades y entidades territoriales participen como accionistas.
Un buen ejemplo lo constituye la empresa societaria de servicios públicos integrales Wayuú S.A. E.S.P, constituida por 8 accionistas dentro de los cuales están las alcaldías de Manaure y Uribia, la Organización Nacional Indígena de Colombia –Onic–, la Asociación Waya Wayuú y cuatro accionistas privados, cada uno con una participación de capital suscrito del 12,5%.14. Cabe destacar que esta empresa está desarrollando planes en conjunto con Isagen S.A. E.S.P en el Departamento.
Aún así, de acuerdo a entrevistas realizadas a distintos actores del sector, existe la alerta sobre la presencia de nuevos interesados con intenciones de negociar con las comunidades sin generar los niveles de inclusión social requeridos y corriendo el riesgo que se determinen alianzas bajo modelos asistencialistas.
