Uno de los proyectos del Gobierno nacional en materia de energía es la construcción de una planta regasificadora en la costa pacífica colombiana para promover la importación de gas natural y GLP con el fin de satisfacer la demanda de estos productos en el suroccidente del país.
Sin embargo, desde el Congreso hay voces que no consideran conveniente la construcción de dicha planta, por las implicaciones que tendría para Colombia depender de un tercer país en el abastecimiento de gas y los potenciales efectos negativos sobre las finanzas nacionales.
El senador José David Name es uno de los parlamentarios que no comparte la decisión de construcción de la planta regasificadora, dado que la importación de gas podría traer efectos negativos.
“Esto afecta tanto las finanzas públicas como las privadas, debido a que se promueve la deserción de la inversión en nuevos proyectos y se desestimulan las inversiones en explotación de gas, ocasionando una disminución en las regalías de las entidades territoriales y del Sistema General, así como también, en las utilidades de Ecopetrol que reduciría su participación en el sector”, dijo el senador Name durante la sesión de la Comisión Quinta del Senado que se realizó el pasado martes.
El congresista señaló que por lo anterior “carece de todo sentido que en medio de una reactivación económica, se promueva la importación de gas. Depender de un tercer país para mantener nuestro abastecimiento no es la vía correcta, lo que menos necesitamos los colombianos en estos momentos es que nos suban las tarifas, ya pagamos una planta con la que no nos hemos beneficiado y que cuando necesitamos no funcionó. No estamos en contra de buscar que se garantice la confiabilidad en el suministro de gas, lo que pedimos es que estas propuestas se discutan ante el país, en foros nacionales para que entre todos tomemos decisiones correctas, que se garantice el abastecimiento, pero no a cualquier precio y beneficiando a particulares”.
Además, mencionó que el Ministerio de Minas no tuvo en cuenta los recientes hallazgos en cuanto a reservas de gas, ni el estudio contratado por la Upme en 2018 para elaborar su plan de abastecimiento de gas natural.
Otro aspecto que preocupa al congresista es el costo que la construcción de la planta regasificadora puede representar para los usuarios y mencionó que ellos no deben asumir ese gasto.
“Los usuarios residenciales no deberían, bajo ningún motivo, pagar la planta de regasificación de Buenaventura, dado que estos nunca la van a necesitar por efecto, ya que conforme al decreto 2345 de 2015, estos usuarios tienen prioridad de abastecimiento de gas natural local, con lo cual sin que se realice ninguna incorporación adicional esta demanda tendría gas hasta el año 2030”, dijo.
Cabe destacar que el ministro de Minas y Energía, Diego Mesa Puyo, participó de este debate y tuvo la oportunidad de escuchar la posición del Congreso respecto a los planes del Gobierno sobre el tema de gas natural.
