Los niños wayuú siguen desprotegidos por el Gobierno nacional, departamental, los entes territoriales y otras instituciones del Estado, toda vez que no se ha dado cumplimiento a la Sentencia T-302 de 2017 proferida por la Corte Constitucional por la cual declara el estado de cosas inconstitucional en La Guajira.
Así lo revela una investigación de la veeduría que le hace seguimiento a la sentencia, y en terreno pudo comprobar el estado de abandono de los menores wayuú en diversas comunidades dispersas.
La situación es tan dramática, que por ejemplo, a la fecha el propio Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, reveló que 784 niños se encuentran en estado grave de desnutrición.
La Veeduría logró comprobar en terreno que de los 29 pozos profundos contratados por el Departamento de Prosperidad Social, solo están funcionando adecuadamente dos. Unos no funcionan porque el agua es salada, otros jamás se pusieron al servicio y otros sencillamente no tienen mantenimiento.
“Los funcionarios nuevos que llegan empiezan de cero y no aseguran el mantenimiento de lo que viene de atrás, necesitamos un cambio estructural y cultural en la manera de operar las instituciones”, precisó la presidenta de la Veeduría, Ruth Chaparro.
Expresó que para ello se necesitan decisiones y una política pública sostenida que hagan parte de los planes de desarrollo que deben estar articulados con el nivel regional y nacional.
“La situación de derechos de los niños wayuú ha empeorado a causa de la pandemia del Covid-19, dado que, a pesar de las alertas, muchas comunidades no recibieron ayudas humanitarias, existe inexactitud en los reportes de los casos de morbimortalidad de los menores wayuú hasta el día de hoy reportados (28 niños muertos) pero pueden ser muchos más por el subregistro y ausencia de acciones”, sostuvo.
Precisó que lo más grave, es que los mandatos de la Sentencia T-302 del 2017 no fueron incluidos de manera clara e integral en los planes de desarrollo territoriales y sin planes, programas, proyectos y presupuestos es muy difícil superar el estado de cosas inconstitucional que era una oportunidad única, imposibilita el destino de recursos para su efectivo cumplimiento.
Las organizaciones de la sociedad civil que conforman la Veeduría Ciudadana para la Implementación de la Sentencia T 302 de 2017, Cinep, Codacop, DNI, Onic, Fucai y Omaira Orduz, ponen nuevamente sobre la mesa el interés superior de proteger a los niños wayuú y sus comunidades en los municipios de Manaure, Riohacha, Maicao y Uribia.
Solicitudes
La veeduría de manera formal solicitó a las entidades involucradas en la Sentencia, que realicen todos los esfuerzos que sean necesarios para que puedan cumplir con el mandato.
De esas solicitudes, se destaca la formulada al Tribunal de Riohacha para que no conceda más plazos a las entidades accionantes.
A la Corte Constitucional ante el incumplimiento de las órdenes de la Sentencia, se le solicitó declarar el desacato dado que las acciones del Tribunal Superior de Riohacha no son lo suficientemente ágiles y efectivas.
En tanto a la Procuraduría General y la Defensoría, se les pidió tomar medidas urgentes y vinculantes que permitan el cumplimiento y realizar búsqueda activa y documentación de casos para individualizar responsabilidades y abrir procesos disciplinarios como también adelantar capacitaciones en centro social y participación ciudadana, y fortalecer redes de veedurías.
Al Sistema Nacional de Articulación Icbf y a la Comisión Intersectorial de La Guajira, se les solicitó generar un plan de articulación a corto, mediano y largo plazo definiendo estrategias innovadoras y pertinentes que incluyan el uso de las nuevas tecnologías y la participación comunitaria.
En ese mismo sentido, la Veeduría Ciudadana, pidió al Ministerio definir e implementar acciones de diálogo genuino entre autoridades indígenas y funcionarios públicos, que incluya la formación de los participantes en procesos participativos, bilingües, interculturales con enfoque territorial.
A los gobiernos territoriales, incorporar los mandatos de la Sentencia dentro de su planeación.
En tanto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se le planteó hacer seguimiento y monitoreo al cumplimiento de las medidas cautelares otorgadas en el 2015 a favor de los niños wayuú y sus comunidades.
A la comunidad internacional, establecer llamados de acción urgente para que el Gobierno de Colombia proteja los derechos humanos y ambientales de los niños wayuú y sus comunidades.
Para las Naciones Unidas, que insistan en los requerimientos hechos al Gobierno colombiano sobre el Cerrejón y los pueblos indígenas.
A las organizaciones y autoridades indígenas, fortalecer la definición de planes de vida colectivos y las instancias organizativas territoriales que faciliten la interlocución con entidades públicas y privadas.
A la academia y Centros de Investigación, realizar estudios técnicos relacionados con el agua, salud, alimentación y participación que permitan argumentos para la toma de decisiones.
