Las pruebas de conocimientos para calificar estudiantes y personas que concursan para disputarse un empleo o trabajo, en los pocos que públicamente se ofrecen, no son tan coherentes ni transparentes como no las imaginamos, sin existir mínimas garantías de idoneidad en operaciones y resultados de las mismas.
Las pruebas Saber y de concursos de méritos para la selección de empleados y trabajadores en los sectores públicos, eran gratuitas, a diferencia de ahora que tienen un valor para quienes pretendan participar en las convocatorias públicas, constituyéndose en una limitante para la clase pobre que se privan de concursar, por no tener con qué comprar el ‘Pin’ que le permita la participación en igualdad de derecho. Lo curioso del asunto, cuando las pruebas del Icfes y las practicadas para los nombramientos de cargos públicos eran gratuitas, los resultados no tardaban mucho tiempo en notificarlos de manera personal y pública. Las prácticas de pruebas onerosas, que dispone de medios en tecnología y sistemas de cómputos, cuyos equipos están adecuados para calificar de manera rapidísimas, ocurre lo contrario, generando dudas e incertidumbres, a la vez prestándose para la comisión de fraudes, negocios y artimañas de favorecimientos ilícitos cubiertos de corrupción.
Las pruebas Saber de Icfes son las que exigen para ingresar a las universidades, públicas y privadas, donde algunas acogen determinados puntajes de acuerdo a la carrera o profesión que aspiren y deseen estudiar, validando los resultados como requisito ineludible de admisión. A los alcaldes les tocará asumir el costo del valor económico de las pruebas por estudiantes, en razón de que los estudiantes bachilleres no trabajan y sus padres viven en pobreza, sin disponer de recursos para cancelar el pago que habilite al estudiante para hacer las pruebas que abren puertas de ingreso a la universidad.
Cobrar las pruebas es una forma de coartar derechos fundamentales constitucionales a educación y el trabajo, cuando lo correcto sería que el Estado o la nación ofreciera oportunidades de formación educativa, de manera gratuita, amplia e indiscriminadas, en temas y asuntos técnicos, profesional y especial, previas orientaciones a interesados en estudios superiores. Es inaudito que bachilleres de colegios públicos se le encierre el ingreso a la universidad porque no tuvo con qué pagar el valor de una prueba o pagándola, no sacó el resultado requerido y exigido para estudiar determinada profesión.
Las convocatorias públicas para llenar números de vacantes han perdido confianza por resultados dilatorios y tramoyas que enturbian la transparencia objetivas y subjetivas de concursos de mérito. Están centralizadas en la Comisión Nacional de Servicio Civil, en condición de autoridad competente, para el manejo de carrera administrativa de servidores públicos, relacionado en escalafón y clasificación de empleos. Abre concurso no solo del orden nacional, sino también de entidades, departamental, distrital y municipal, destronando facultades y atribuciones de gobernadores y alcaldes territoriales para crear, proveer y designar los empleados y categorizaciones de sus servidores públicos, mediante acto administrativos, de manera autónoma, cuando se trate de seleccionar perfiles.
Las pruebas de conocimientos informativo y de capacidad para determinar calificaciones de los concursantes aspirantes a cargos públicos, para efecto de sección de calidad intelectual, son incongruentes e incoherentes con los términos de duración con preguntas y literales para analizar responder o adivinar, en no menos de cinco minutos por preguntas de contenidos extensos y confusos, con respuesta trampas, que de nada sirve para escoger, ni los mejores en calidad que sirva.
