Desde la semana pasada los líderes de los indígenas de suroccidente del país decidieron iniciar una larga, mediática y costosa movilización, denominada minga indígena, hacia la ciudad de Bogotá, donde coincidieron con el paro nacional convocado para esta semana por Fecode.
Esta minga es una actividad política que realizan en ejercicio del derecho fundamental a la protesta social, que todos los colombianos debemos respetar, especialmente si, como dicen, se trata de la defensa de la vida y, el territorio. El gran problema de esta movilización es que, a pesar de su apariencia pacífica, está violentando otros derechos fundamentales de la mayoría de los colombianos.
En este contexto es pertinente reflexionar sobre dos conceptos clave que deben regular el devenir de toda sociedad que haga parte de un estado de derecho: el derecho de un ciudadano termina donde comienza el de los demás; es decir, cuando alguien utilice sus derechos debe hacerlo sin limitar los derechos de los demás. Ese elemental principio no lo está respetando esta minga.
Por otro lado, el principio de gobernanza determina que todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, deben estar sometidas a las leyes que se promulgan públicamente para hacerlas cumplir por todos, aplicándolas con independencia, en una nación que busca garantizar a sus habitantes una conciencia colectiva convivente dentro de lineamientos democráticos y participativos. Este principio tampoco lo está respetando esta minga.
Si todos los colombianos somos iguales ante la ley, y tenemos, sin distinción, derecho a la protección de la ley, ¿por qué no se cumple en esta oportunidad? Esta minga, y las otras marchas que se han hecho y las que seguramente se harán como parte del paro, son una fehaciente demostración de desacato a las normas de bioseguridad que ha establecido el gobierno para proteger a la población colombiana del contagio con el Covid-19; es claro que no se respetan ni siquiera las normas más básicas, como son el distanciamiento físico, el lavado de manos y el uso de tapabocas en forma apropiada. Las aglomeraciones que se forman en estos eventos propician en forma desafiante el incumplimiento de las leyes y normas aplicables en la vigente emergencia sanitaria. Las consecuencias se reflejarán en un incremento significativo de los principales indicadores de la pandemia en el país, que actualmente registran cifras cercanas al millón de personas contagiadas y a los 30 mil fallecidos.
Pero no solo se está afectando el derecho a la salud de la mayoría de los colombianos, también se están afectando seriamente sus derechos a la libre movilidad, a la seguridad, al empleo y a la obtención de ingresos para satisfacer las necesidades de una vida digna, lo que solo será posible con la consolidación de la reactivación de la economía y de su aparato productivo. Estas movilizaciones están impidiendo el logro de este propósito y como consecuencia están generando más limitaciones y más pobreza para la mayoría de los colombianos.
Los objetivos de los líderes de los indígenas sin dudas pueden ser legítimos. Lo que genera dudas es la forma como buscan solucionar esos problemas que plantean y que necesariamente deben discutirse y buscárseles solución en sus territorios donde se materializan.
A pesar de que el Gobierno nacional conformó y envió una comisión de alto nivel, de la que hacían parte varios ministros, para conversar con los líderes indígenas en sus territorios, estos la rechazaron porque no estaba presente el presidente de la República, a quien pretenden hacerle un insólito juicio político. Y como en realidad el fondo es político, la movilización hasta Bogotá la realizan por los supuestos réditos políticos que les genera. Mientras tanto, los líderes de los partidos políticos de la oposición siguen aupando a los indígenas marchantes y siguen persiguiendo que al Gobierno nacional le vaya mal, aunque se descuaderne el país y como consecuencia todos los colombianos perdamos. Así, con esos cálculos políticos, piensan y actúan.
