Por Carlos Contreras Ureche
El hacinamiento en las cárceles colombianas, en las capitales de cada uno de los 32 departamentos de Colombia y en el Distrito Capital de Bogotá, es un problema de vieja data en el país del Corazón de Jesús, con el agravante de que cada día que transcurre en el calendario, ese problema se ha ido incrementando en forma de espiral, sin que las autoridades del ramo hagan algo para solucionarlo. Y como no existen causas sin efectos ni efectos sin causas, más adelante, en estos mismos escritos, trataré de anotarlas hasta donde me sea posible hacerlo.
Acorde con unos datos estadísticos revelados en el 2016 por el periódico El Tiempo, más de 91.000 de los internos de la población carcelaria en el país –lo que equivale al 75.5 % del total– vive en completo hacinamiento, sin discriminar si tal problema sea o no endémico de cada uno de los grandes centros urbanos, aunque por deducción el 25% restante debe referirse a las cárceles de algunos municipios pequeños, en donde en vez de haber hacinamiento, lo que se presenta es todo lo contrario, es decir, que allí existen déficits de internos, en donde algunos de ellos entran y salen de las cárceles con un simple permiso de su director sin ningún riesgo que lleguen a fugarse, por considerar, tal vez, que adentro están más seguros que afuera. Esto pareciera una perogrullada, pero así es.
Esos mismos datos estadísticos revelan textualmente que “en el país la población privada de la libertad asciende a 120.668 personas, de las cuales 7.527 viven sin hacinamiento; 21.993, en hacinamiento; y 91.148 en hacinamiento grave”, destacando, a la vez, que la cárcel de Riohacha es la que muestra el índice más alto, con un porcentaje de 426%, en octubre de 2016.
Con respecto a tan solo a las cárceles de Medellín, Cali, Barranquilla y Santa Marta, ese mismo escrito investigativo dice que la cantidad de reclusos en exceso es de 13.171. La cárcel de Bellavista, en Medellín, por ejemplo, tiene más de 50 años y fue construida para 1.800 internos, aunque hoy en día cuenta con 5.400.
Sin temor a dudas, las causas de dicho hacinamiento se deben al déficit de establecimientos carcelarios en las capitales de cada uno de los departamentos y en el Distrito Capital de Bogotá, en razón de que mientras las construcciones de nuevas cárceles crece en proporción aritmética, los delitos y los delincuentes crecen en proporción geométrica. Esto ha traído como consecuencia, pues, que aquellos reclusos que hayan cometido pequeños delitos, tales como estafa, lesiones personales menores, abuso de confianza, hurto, violación de derechos de autor, entre otros, sean excarcelables a partir de la vigencia de la Ley de las Pequeñas Causas o Delitos Menores, que apenas entró en vigencia el 13 de julio de 2017, como quien dice, ayer.
Pero como no todo es color de rosa, esas excarcelaciones han traído como consecuencia el aumento de esos delitos menores, a sabiendas, por parte de los delincuentes, de que dura más un pan en la puerta de un colegio, que ellos en ser encarcelados nuevamente, aunque vuelvan a reincidir en esos mismos delitos, cuantas veces les sean posibles.
