La defensora del Pueblo, Iris Marín, cuestionó la orientación del Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella frente a la protección de los derechos humanos y aseguró que…
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La defensora del Pueblo, Iris Marín, cuestionó la orientación del Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella frente a la protección de los derechos humanos y aseguró que estos no están ocupando un lugar prioritario dentro de las decisiones del Ejecutivo. En una entrevista con la agencia EFE, la funcionaria advirtió sobre los riesgos de plantear la seguridad y los derechos humanos como asuntos opuestos, especialmente en medio de la compleja situación de orden público que atraviesa el país.
Marín sostuvo que Colombia necesita una política de seguridad que responda a las necesidades de las regiones y proteja a la población, pero insistió en que las operaciones de la Fuerza Pública deben respetar las garantías fundamentales. Según explicó, cuando las estrategias de seguridad desconocen los derechos humanos, las propias instituciones encargadas de proteger a la ciudadanía pueden convertirse en factores de riesgo. También señaló que las advertencias sobre estas situaciones suelen ser minimizadas desde el Gobierno, donde se interpretan como obstáculos para alcanzar los resultados esperados.
Entre los hechos que han generado preocupación en la Defensoría mencionó los bombardeos contra campamentos de grupos guerrilleros en los que podrían encontrarse menores de edad reclutados forzosamente, así como las imágenes del mandatario recorriendo lugares donde se encontraban cuerpos embolsados de presuntos integrantes de organizaciones armadas y participando en operativos con un arma visible. La funcionaria calificó como una tragedia nacional que un menor reclutado por una estructura ilegal termine muriendo durante una operación militar del Estado, al considerar que refleja un fracaso colectivo de la sociedad.
Las observaciones de Marín también abarcan otras decisiones y propuestas del Ejecutivo, entre ellas las restricciones al derecho a la protesta, la posibilidad de fumigar cultivos ilícitos con sustancias tóxicas, el retiro de obras artísticas del Museo Nacional y los riesgos ambientales y sociales asociados con nuevas concesiones mineras y petroleras.
La defensora explicó que, tras el cambio de administración, la entidad realizó un análisis para identificar posibles modificaciones en las políticas públicas y los riesgos que estas podrían representar para los derechos fundamentales. Como resultado, señaló que uno de los aspectos más preocupantes es el debilitamiento del pluralismo democrático, entendido como la garantía de que diferentes sectores sociales puedan expresar sus posiciones y defender sus intereses.
Finalmente, defendió la necesidad de reconocer la diversidad de perspectivas que existen en Colombia y afirmó que el Gobierno debe garantizar condiciones para que todas puedan manifestarse y ejercer sus derechos, sin favorecer una visión particular del país.
