Por José Félix Lafaurie Rivera
El Consejo Gremial Nacional, que representa la mayoría del empleo formal, le solicitó al presidente Duque gestionar la no ratificación del Acuerdo de Escazú en el Congreso, sobre todo frente a las prioridades de la reactivación.
Escazú es la ciudad costarricense donde se firmó el “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”, suscrito por Colombia en 2019, en una decisión que sorprendió, pues el Gobierno había manifestado que ya existen instrumentos para los mismos objetivos.
Resumo las razones del CGN:
1) Colombia cuenta con suficientes mecanismos de participación, y la inclusión de nuevos generaría situaciones insolubles frente a proyectos estratégicos.
2) La protección del ambiente está garantizada por licencias, planes de manejo y guías ambientales, etc., además de veedurías y consultas.
3) El acceso a la información pública también está garantizado por la Ley.
4) Se amplía el campo de acción a cualquier actividad, lo que representa el nacimiento de la “justicia ambiental”.
5) Pone en entredicho la legislación ambiental interna y genera el control de instituciones internacionales para dirimir conflictos ambientales. Basta notar lo que significarían los argumentos ambientales en la Corte Internacional de Justicia, activada para estos temas, frente al litigio con Nicaragua, uno de los firmantes.
Por ello, el CGN recomienda afinar los medios existentes hacia un equilibrio entre la participación de la comunidad y la protección del ambiente, y el ejercicio de la actividad económica.
El acuerdo es una intromisión a la soberanía, negociada por países que eran de izquierda y ya no lo son. Para entrar en vigencia debe ser ratificado por 11 y hoy cuenta con 9 pequeños, incluido Bolivia, que lo ratificó en tiempos de Evo; pero Brasil, Argentina, Perú y Chile, ya “escurrieron el bulto”, no solo porque tienen instrumentos internos, sino por el riesgo de “judicializar” las decisiones ambientales, principalmente sobre recursos minero-energéticos. Hasta Venezuela se hizo a un lado, seguramente presionada por Rusia y China que controlan su petróleo.
Como el Acuerdo amplía la acción judicial ambiental, puede afectar a la ganadería, ya amenazada por la “extinción administrativa de dominio por incumplimiento de la función ecológica”, desempolvada por la reforma fariana. Con Escazú el asunto es “judicial” y un propietario puede ser llevado ante un juez o ante instancias internacionales ideologizadas.
Hay que proteger la naturaleza, pero la realidad no es tan sencilla como pretenden los ambientalistas, la izquierda y el “farcsantismo”. La solución apunta a la recomendación del CGN, que esperamos acoja el Gobierno, de buscar, sin injerencias externas, el equilibrio entre medio ambiente y desarrollo.
