La Guajira está cansada. Cansada de los apagones, de las facturas cada vez más altas, de abrir la llave y recibir aire, nada de agua, de caminar por calles convertidas en basureros y, sobre todo, de escuchar durante años las mismas explicaciones mientras los problemas siguen creciendo.
Aquí hay una pregunta que nadie puede seguir evadiendo: ¿quién responde por los servicios públicos que reciben los guajiros?
Porque una cosa es prestar un servicio con dificultades y otra muy diferente es cobrarlo religiosamente, recibir subsidios del Estado y, al mismo tiempo, no garantizar calidad, continuidad y eficiencia.
Air-e es hoy el ejemplo más evidente. La empresa está intervenida por el Gobierno nacional y desde ayer tiene nuevo director interventor. Esperamos que no sea simplemente otro cambio de nombre en la administración. La comunidad necesita un verdadero plan de contingencia para detener los apagones, mejorar la prestación y, especialmente, ponerle freno a los mecanismos que terminan golpeando al usuario.
La intervención debe servir para recuperar el servicio, no para prolongar la crisis.
El agua potable es un caos. La ciudad se encuentra sectorizada. A los usuarios se les envía una, o dos veces por semana, pero se le factura un mes completo. Aqualia ha ampliado su presencia en diferentes municipios de La Guajira y se ha convertido en un operador de enorme influencia.
Y ahora aparece el aseo. Interaseo tiene un contrato próximo a vencerse y ya se habla de una posible renovación. Pero la pregunta que surge desde la ciudadanía es elemental: ¿cómo se puede pensar en prorrogar un contrato cuando Riohacha continúa enfrentando una crisis evidente en la recolección y disposición de residuos?
El relleno sanitario está clausurado por razones sanitarias y la ciudad enfrenta una acumulación de basuras que no puede normalizarse.
Por eso el cabildo abierto que viene promoviendo la comunidad no solamente es conveniente: es necesario.
Allí deben ponerse sobre la mesa los contratos de energía, agua, aseo y los demás servicios públicos. Hay que saber cuánto reciben las empresas, cuánto pagan los usuarios, cuánto aporta el Estado mediante subsidios, cuáles son las obligaciones contractuales y cuáles se han cumplido.
Pero también hay que preguntarles a los alcaldes, a la Gobernación, a la Nación y a los organismos de control qué han hecho para defender a los usuarios.
La Guajira no puede continuar siendo un territorio donde las empresas cobran como si prestaran servicios de primera, mientras la ciudadanía recibe servicios de tercera.
Ya llegó la hora de revisar el modelo, los contratos y las responsabilidades.
Porque los servicios públicos no son un favor que se le hace al ciudadano. Son un derecho. Y La Guajira merece que ese derecho sea respetado.
